El Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología solicitó formalmente ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y ante la representante del CAER en el Consejo de la Magistratura, que se posponga los exámenes escritos para cargos en la Fiscalía Anticorrupción, debido a la cercanía de la fecha y el escaso tiempo con el que cuentan los profesionales para analizar los casos propuestos.

Los doctores Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, junto con la doctora Corina Beisel, del Instituto de Derecho Penal explicaron los fundamentos del pedido ante el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y Andrea Saxer, consejera en el Consejo de la Magistratura en representación de la abogacía.

El pedido es por los concursos 285, 286, 287 y 288 convocados por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, cuya prueba de oposición escrita se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año y fueron notificados recién el viernes 18 de agosto, por lo que solicitan se posponga la prueba escrita por lo menos 10 días.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Instituto de Derecho Penal, reivindican el ejercicio de profesión y el rol esencial de la defensa en la administración de justicia, con el convencimiento de que quienes litigan en el fuero local lo hacen con absoluta dedicación y responsabilidad.

Reflejo de ello es el abogado Boris Cohen, quien en la Prueba de Oposición escrita en el concurso nº 232 para cargos de Fiscales Auxiliares de Paraná, convocado por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha obtenido el máximo puntaje (50/50). Dicha evaluación estuvo a cargo de los honorables y prestigiosos doctores Leandro Corti (Académicos), Dardo Tortul (Magistrados) y Rubén Pagliotto (Abogacía).

El tema se abordó en una reunión de la que participaron el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, el presidente del Instituto de Derecho Penal, Miguel Cullen, el doctor Boris Cohen y los integrantes del instituto, José Velázquez y Andrés Bacigalupo.

Desde el Instituto afirmaron que “Desgraciadamente, los egos y el ejercicio de un poder desbocado ha generado por parte de algunos operadores judiciales una injustificada serie de operaciones mediáticas tendientes a poner en duda las capacidades jurídicas de quién sacó el máximo puntaje posible. Un abogado que para capacitarse debe dejar de trabajar, que no cuenta con la posibilidad de obtener licencias o días pagos para estudiar antes del examen, sacó el máximo puntaje posible y algunos no lo pueden aceptar. Por esto han pretendido instalar a través de ridículas interpretaciones, la idea que los jurados ocasionales fallaron espuriamente para favorecer a quien sacó el máximo puntaje”.
“Descartamos cualquier sospecha de parcialidad o favoritismo hacia algunos de los concursantes por parte de los jurados técnicos. El Instituto de Derecho Penal acompaña la ingrata lucha del colega Boris Cohen y de los colegas Jurados que han sido víctimas de diversas operaciones y exigimos que se les trate con la dignidad que merecen y el cumplimiento pleno de la ley”.
“Es hora que la judicatura toda empiece a sanear el enorme desprestigio que trae consigo, y no nos cabe duda que nombrar definitivamente a Boris Cohen en el cargo que honrosamente logró, contribuye a hacer una justicia mejor”.

Autoridades del Colegio de la Abogacía estuvieron presentes en la comisión de Legislación General del Senado provincial, a fines de dialogar con los senadores y senadoras para que puedan dictaminar favorablemente sobre el proyecto que tiene media sanción de Diputados, y luego sancionar en el recinto. 

En el encuentro, se expusieron los fundamentos del proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con modificaciones consensuadas por los propios diputados. Desde el Colegio, se marcó el carácter alimentario de los honorarios profesionales y la importancia de establecer una retribución justa, equitativa y que mantenga su valor con el paso del tiempo.
Estuvieron presentes el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, el presidente de la Sección Paraná, Santiago Esquivel, y los doctores Pablo Tanger y Andrés Galizzi.

La Caja Forense aprobó una línea de créditos para el Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos. Financiará la totalidad del monto de inscripción y se paga en cuotas a partir de octubre.

La medida fue tomada por Resolución 3329/23.

El Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos analizó el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Proyecto Amarras de Gualeguaychú. 

El Instituto de Derecho Ambiental del CAER, con el apoyo del Consejo Directivo de la entidad, apoya el reclamo de organizaciones sociales y vecinos de la ciudad de Gualeguaychú preocupados por el avance en la construcción del barrio privado Amarras.

La falta de cumplimiento de un fallo judicial que protege bienes colectivos ambientales deshace el tejido sociedad de lo que es necesario preservar para sostener la vida humana en nuestro planeta.

Al respecto, hay un fallo con sentencia firme en la causa “AMARRAS”, CAUSA “MAJUL JULIO JESUS Y OTROS C/MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO”.

Sobre el valle de inundación del río Gualeguaychú, en 112 hectáreas desmontadas, rellenadas, originalmente humedales, se erige a medias la construcción de un barrio náutico al estilo Nordelta con capacidad para 220 lotes de viviendas con amarres al río, con hoteles y centros comerciales previstos, lagunas interiores y conexión al río Gualeguaychú. 

El reclamo administrativo data del año 2012, el judicial del año 2015, más de diez años intentando que se respeten las vastas leyes nacionales y provinciales que hacen que este tipo de emprendimientos sean de imposible ejecución.

El amparo ambiental colectivo presentado por Julio Majul, organizaciones y más de dos mil

vecinos contra la construcción del Barrio Amarras del Gualeguaychú, obtuvo en diciembre de 2019 un fallo ejemplar, que ha sentado precedente a nivel nacional e internacional y que condena al Estado Provincial, a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a Altos de Unzué a recomponer el ambiente “in natura” -volviendo las cosas a su estado anterior- en un plazo de 180 días. 

Han transcurrido más de tres años y medio, y el fallo no se cumple. En el mes de junio el

Fiscal de Estado Rodríguez Signes dio a conocer en los medios que la provincia autorizó un plan, que mal llamaron de “recomposición ambiental”, presentado por la empresa autorizando a ejecutarlo de manera absolutamente ilegal, ya que no fue aprobado por el Juez de la causa. Pese a las reiteradas presentaciones judiciales que así lo señalaban, insólitamente, comenzaron a trabajar en el predio hace aproximadamente diez días ejecutando un plan de continuidad del proyecto -así lo señaló expresamente el funcionario de Pueblo General Belgrano Francisco Fiorotto-.

El día viernes 4 de agosto, el Juez decreta medida de no innovar y ordena la designación de

peritos para que evalúen el plan conforme a lo ordenado por la Justicia. Lo cierto es que al día de hoy, la empresa sigue trabajando ilegalmente, por lo que hacemos responsables a los tres condenados solidariamente de los perjuicios que puedan ocasionar con el accionar señalado.