Los integrantes de la lista Celeste y Blanca, ganadores del comicio con el 55% de los votos, fueron proclamados para conducir la institución. Así lo definió el organismo integrado por Adriana Abrigo, Luciana Amati y Roberto Lerena. Alejandro Canavesio (presidente) y María Marta Simón (vice) serán las máximas autoridades. Se integró a vocales por la minoría.

En la decisión del Tribunal Electoral se proclamó “como autoridades electas en las Elecciones del día 17 de setiembre de 2021 por el estamento CONSEJO DIRECTIVO por el periodo 2021 a 2023 a los siguientes matriculados/as:

PRESIDENTE: CANAVESIO, Alejandro Daniel

VICEPRESIDENTE 1°:SIMON, María Marta

VICEPRESIDENTE 2°:cPAREDES, Eduardo René

SECRETARIO:CEBALLOS, Gabriela María del Carmen

PROSECRETARIO: PACHER, Carlos Omar

TESORERO: HARRINGTON, María Carolina

PROTESORERO: CARBALLO, Mario Gabriel

VOCALES TITULARES

WARLET, Rosa Alicia Ramona

GALIZZI, Daniel Alejandro

YAÑEZ, Carmen Isabel

CABRERA, Enzo Ramiro

ACOSTA, Blanca Raquel

CLAPIER, Leandro Rodrigo

RIOS, María Inés

RUIZ, José Daniel

BRUGALETTA, Romina Daniela

MARTINEZ, Miguel Ángel

UHRIG, Patricia Carolina

MORENO, Héctor Fabián

RODRIGUEZ, Valeria

BARNADA, Juan Martin

Las autoridades electorales afirmaron que, tras el escrutinio definitivo: “el resultado de la elección ha sido para el estamento de CONSEJO DIRECTIVO: Lista Azul y Blanca 848 votos, Lista Celeste y Blanca 1031, y para el estamento JUNTA DE DELEGADOS Lista Azul y Blanca 843 votos, Lista Celeste y Blanca 1020”.

Cabe resaltar que por primera vez se integraron minorías y alternancia de género en los cargos. “La adjudicación y distribución de cargos este Tribunal Electoral ha aplicado el Sistema D´Hont previsto en la Ley N°10.855, y se ha respetado en el orden de inclusión la alternancia de género prevista en la ley mencionada”, asegura el acta.

Para ver el acta completa, haga click aquí.

El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, destacó la jornada institucional que se desarrolló ayer en toda la provincia. La lista Celeste y Blanca se impuso con el 55% de los votos y el propio Canavesio fue reelecto en su cargo, junto con María Marta Simón (Gualeguaychú) como vice.

“Quiero felicitar a todos los abogados y abogadas que participaron ayer de la jornada democrática institucional que vivimos. Realmente nos reconforta la participación a lo largo y ancho de la provincia. Personalmente quiero destacar el compromiso de las listas que participaron, de los fiscales, de cada uno de los que se comprometieron por mejorar la actividad profesional y contar con un Colegio más fuerte”, aseguró Alejandro Canavesio.

Tras el triunfo de la lista oficialista, que logró 1031 votos y superó a la Lista Azul y Blanca que encabezó Analía Coria  y obtuvo 848 votos, Canavesio remarcó que “tengo siempre una mirada federal para poder llevar adelante los destinos de una mejor abogacía para cada uno de nosotros. Lo que queremos es un mejor servicio de Justicia. Somos parte de ese servicio que se le brinda a toda la comunidad entrerriana. El resultado es un respaldo a la gestión. Fueron dos años difíciles por la pandemia que nos ha complicado la labor profesional. Se han logrado algunas cosas y otras tenemos que corregir”.

“Es un orgullo para mí el apoyo brindado y haber podido lograr una elección con tanta participación. Ahora viene el desafío de integrar a las minorías por primera vez en la historia del Colegio y también garantizar el cupo femenino en todos los espacios”, agregó Canavesio. 

La Lista Celeste y Blanca llevó como candidatos a Canavesio (presidente), María Marta Simón (vice 1º), Eduardo Paredes (vice 2º), Gabriela Ceballo (Secretaria), Carlos Pacher (Prosecretario), Carolina Harrington (Tesorera) y Mario Carballo (Protesorero), quienes en las próximas semanas asumirán el nuevo mandato. 

Como vocales titulares, la lista Celeste y Blanca propuso a Rosa Warlet (Paraná), Enzo Ramiro Cabrera (Gualeguay), Blanca Raquel Acosta (Diamante), José Daniel Ruiz (Federación-Chajarí), Romina Daniela Brugaletta (Uruguay), Miguel Ángel Martínez (Colón), Patricia Carolina Uhrig (Nogoyá), Juan Martín Barnada (Concordia), María Susana Benítez (San Salvador), Alejandro Marcelo Sarubi (La Paz), María Laura Taborda (Federal), Giordano Antonio Boggián (Tala), María Fernanda Miotti (Villaguay), Martín Juan Pablo Guidoni (Gualeguaychú). Este listado será reformulado con los propuestos por la Lista Azul y Blanca, por minoría, según la definición del Tribunal Electoral.

Además, se eligieron Juntas de Delegados departamentales, en las que la Lista Celeste y Blanca se impuso en 13 departamentos y la Lista Azul y Blanca en los otros cuatro (Paraná, Concordia, Colón y Feliciano). También hubo elecciones en las secciones locales, con un triunfo de la Lista Azul y Blanca en Paraná (Santiago Esquivel será el presidente) y de la lista Celeste y Blanca  en San Salvador, con Fernando Andrada como presidente.

El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio participó hoy de la reunión de Comisión de Legislación General en la que se trató la modificación del Art.29 de la ley 7046 sobre honorarios profesionales de abogados y abogadas. Tras la exposición del presidente del CAER, diputados de los distintos bloques manifestaron su apoyo al proyecto que será votado a la brevedad.

El encuentro de comisión de Legislación General, presidida por la diputada Mariana Farfán, comenzó con palabras de la presidenta y luego de una de las autoras del proyecto la diputada Carina Ramos. Luego llegó el turno del presidente del CAER, Alejandro Canavesio y luego de la defensa del proyecto, los diputados Esteban Vitor, Julián Cosso y José Cáceres expresaron su apoyo a la iniciativa.

El diputado Cosso introdujo una mejora al texto de la reforma para que donde dice “intereses” se aclare “intereses a Tasa Activa del Banco Nación (TABN)”, según una propuesta por parte de los matriculados de la ciudad de Villaguay. El diputado Cáceres se manifestó en el mismo sentido.

La exposición del presidente del Colegio

“Se pretende con la reformulación del art. 29 de la Ley de Aranceles para Abogados y Procuradores corregir situaciones que perjudican la satisfacción justa y equilibrada de los servicios que prestan los profesionales del derecho en nuestra sociedad. Siendo como lo es el honorario la retribución por la prestación que realiza el profesional, ésta tiene carácter alimentario, dado que es el medio de vida con el que afronta las necesidades de subsistencia, actualización de conocimientos, material de estudio y de trabajo, etc.

Está ampliamente aceptado que en nuestro país el paso del tiempo afecta fuertemente el valor de los bienes y los servicios como consecuencia de la inflación que  no se logra contener. Es en razón de ello que en su oportunidad se introdujo la equiparación  entre la Unidad Arancelaria Jurista y el Jus Previsional, para determinar el “VALOR” de la labor profesional de abogados y procuradores. 

Pero, si bien el art. 30 de la Ley 7046 establece que a los efectos regulatorio el monto del juicio se convertirá a Juristas, los magistrados siguen regulando en pesos, los que con el correr de los meses y los años que transcurren hasta el efectivo pago diluyen la deuda del condenado en costas.

Desde el punto de vista de justificación del ejercicio profesional y su debida retribución, la razón de que exista una norma de este tipo responde a que en la realidad y con la prohibición de indexar durante el transcurso del proceso, principalmente de apelaciones y las instancias superiores a ellas, hace que al no existir mora no se puedan corregir esos montos inicialmente regulados ni siquiera con intereses que se sabe no mantienen el valor real de la retribución.

Por eso es que estando establecido que el honorario es una deuda “de valor”, la unidad jurista que nació cuando se actualizaban los importes de todo, permite mantener algo de su verdadera dimensión.

Y entrando en fundamentos ya jurídicos, el problema se plantea porque el art.772 del Código Civil y Comercial cuando menciona esas deudas “de valor” indica que una vez convertidas en moneda ya no se pueden seguir modificando y en todo caso corren intereses.

En la Provincia de Santa Fe existe una norma de este tipo y la Suprema Corte de esa Provincia al tener que resolver un caso indicó que no puede dejarse la conversión de juristas a dinero hasta el pago porque se violaría la prohibición de indexar y entonces encontró como remedio que se haga cuando la deuda es exigible,

Ello sucede cuando el honorario queda firme y cuando queda firme la imposición de costas.

Y a partir de allí corren intereses moratorios, justamente porque son exigibles.

Consecuentemente se hace necesario la reforma del art. 29 de la Ley 7046 que contemple la obligación de regular en Juristas, lo que determinará el “VALOR” de la tarea profesional, que se mantendrá hasta tanto quede firme la regulación y la condena en costas”, aseguró Canavesio al defender el proyecto.