Se realizó ayer la Asamblea Ordinaria del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en el Anexo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Conforme el orden del día establecido en la convocatoria, se eligieron autoridades las cuales fueron elegidas por el voto de las y los colegas, atento a que existían dos opciones. En la propuesta que obtuvo la mayoría de los votos se propuso una Comisión Directiva y se trazó un esquema de trabajo del instituto.

“Como una de mis últimas acciones al frente de esta gestión, me retiro con el orgullo de dejar todos los institutos del Colegio en funcionamiento”, aseguró Alejandro Canavesio.

Las Autoridades Comisión Directiva del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos serán:
Dirección: Dr. A. Gonzalo García Garro (Paraná)
Vice direcciones: Dra. Mariana Simarro (Paraná) y Dr. Carlos María Scelzi (Concepción del Uruguay).
Secretaría General: Dr. Lautaro Schiavoni (Nogoyá)
Prosecretaría General: Dra. Vanesa Selencig (Paraná)
Tesorería: Dra. Marina Soledad Hundt (Paraná)
Coordinación General: Dr. Pablo Tanger (Paraná)
Coordinación de Comisiones e Interior: Dra. María Constanza Larroude (Paraná)
Coordinación de Actividades Académicas: Dr. Mariano Latini (La Paz)
Coordinación de Relaciones Institucionales: Dr. Ramiro Pereira (Paraná)
Vocalías: Dr. Martín Britos (Gualeguaychú), Dra. Flavia Martínez Aquino (Paraná), Dr. Eduardo Prina (Paraná).
Vocales suplentes: Dr. Gabriel Oscar Hermes Mendoza (Feliciano), Dra. Jesica Iglesias, Dr. Ricardo Bordato (Paraná), Virginia Alonso (Paraná), Juan Pablo Cinto (Nogoyá).
Además, se conformaron comisiones especiales de Trabajo con sus coordinaciones responsables, algunas de ellas son: Comisión de Derecho Electoral y Político: Dr. Santiago Halle; Comisión de Organismos Constitucionales y de Control: Dr. Pablo Testa; Comisión de Derecho Municipal: Dr. Roberto Cosundino (Gualeguay); Comisión de Amparo y Garantías Constitucionales: Dra. Analía Coria; 5) Comisión de normativa del Estado y Políticas Públicas: Dr. Nicolás Parera Deniz; Comisión de Derecho Constitucional: Dr. Antonino Belotti, entre otras.

Ayer jueves comenzó la actividad, que este año lleva el lema “Derecho del Trabajo Democracia y Progresividad de los Derechos Sociales”. Dieron por inaugurado el congreso, el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, el presidente del Instituto de Derecho del Trabajo del CAER, César Bechetti y Mariano Velazco, presidente de la Sección Gualeguay del CAER.

Los primeros paneles fueron el de Actualidad jurisprudencial del Derecho del Trabajo en la provincia de Entre Ríos, con Carolina Goñe, Fabián Ronconi y Guillermo Federik como disertantes y la Conferencia “Discriminación y Trabajo. Interrelación de los factores de vulnerabilidad”, a cargo de la vocal del STJ, Laura Mariana Soage.

A su vez, se le realizó un emotivo reconocimiento al ex presidente de la Sección Gualeguay del Colegio de la Abogacía, Gastón Justet, quien falleció el año pasado. Recibieron el presente, los familiares del homenajeado.

“Si el Divorcio es administrativo, alguien queda indefenso”.
Comunicado oficial de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sobre el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputapos proponiendo divorcios administrativos, que vulnera normas y principios constitucionales y convencionales sobre derechos humanos.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechaza el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que busca reformar el Código Civil y Comercial de la Nación para permitir tramitar divorcios en sede administrativa.
El proyecto presentado en agosto por la diputada Eugenia Alianiello (Frente de Todos – Chubut), en el expediente 3287-D-2023, intenta modificar varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, para permitir un trámite administrativo de disolución del matrimonio.
El texto en cuestión presenta tan sólo cinco artículos, y no sólo afecta la incumbencia profesional de abogados y abogadas, sino que también supone una renuncia a los derechos de los particulares para la aprobación del trámite, sin asesoría letrada.
Si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado.

El CAER manifiesta su total rechazo, tal como realizó con el proyecto de “sucesiones administrativas” y se solicitará a todos los legisladores entrerrianos que no acompañen esta iniciativa que atenta contra los derechos de la ciudadanía en su conjunto.