El Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos analizó el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Proyecto Amarras de Gualeguaychú.
El Instituto de Derecho Ambiental del CAER, con el apoyo del Consejo Directivo de la entidad, apoya el reclamo de organizaciones sociales y vecinos de la ciudad de Gualeguaychú preocupados por el avance en la construcción del barrio privado Amarras.
La falta de cumplimiento de un fallo judicial que protege bienes colectivos ambientales deshace el tejido sociedad de lo que es necesario preservar para sostener la vida humana en nuestro planeta.
Al respecto, hay un fallo con sentencia firme en la causa “AMARRAS”, CAUSA “MAJUL JULIO JESUS Y OTROS C/MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO”.
Sobre el valle de inundación del río Gualeguaychú, en 112 hectáreas desmontadas, rellenadas, originalmente humedales, se erige a medias la construcción de un barrio náutico al estilo Nordelta con capacidad para 220 lotes de viviendas con amarres al río, con hoteles y centros comerciales previstos, lagunas interiores y conexión al río Gualeguaychú.
El reclamo administrativo data del año 2012, el judicial del año 2015, más de diez años intentando que se respeten las vastas leyes nacionales y provinciales que hacen que este tipo de emprendimientos sean de imposible ejecución.
El amparo ambiental colectivo presentado por Julio Majul, organizaciones y más de dos mil
vecinos contra la construcción del Barrio Amarras del Gualeguaychú, obtuvo en diciembre de 2019 un fallo ejemplar, que ha sentado precedente a nivel nacional e internacional y que condena al Estado Provincial, a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a Altos de Unzué a recomponer el ambiente “in natura” -volviendo las cosas a su estado anterior- en un plazo de 180 días.
Han transcurrido más de tres años y medio, y el fallo no se cumple. En el mes de junio el
Fiscal de Estado Rodríguez Signes dio a conocer en los medios que la provincia autorizó un plan, que mal llamaron de “recomposición ambiental”, presentado por la empresa autorizando a ejecutarlo de manera absolutamente ilegal, ya que no fue aprobado por el Juez de la causa. Pese a las reiteradas presentaciones judiciales que así lo señalaban, insólitamente, comenzaron a trabajar en el predio hace aproximadamente diez días ejecutando un plan de continuidad del proyecto -así lo señaló expresamente el funcionario de Pueblo General Belgrano Francisco Fiorotto-.
El día viernes 4 de agosto, el Juez decreta medida de no innovar y ordena la designación de
peritos para que evalúen el plan conforme a lo ordenado por la Justicia. Lo cierto es que al día de hoy, la empresa sigue trabajando ilegalmente, por lo que hacemos responsables a los tres condenados solidariamente de los perjuicios que puedan ocasionar con el accionar señalado.