Ante la medida de fuerza decretada por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su rechazo a la decisión tomada e insta a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para revertir esta situación.

Resulta necesario recordar que este mismo gremio, cuando realizó medidas de fuerza en junio por cuestiones salariales, se comprometió ante la Mesa de Diálogo convocada por este Colegio a solicitar solamente el levantamiento de la Ley de Emergencia, algo que días después se concretó.

Hoy, la situación social, económica y, sobre todo sanitaria aún no ha sido superada, por lo que es contraproducente para el conjunto solicitar beneficios exclusivos para algunos sectores de la sociedad en desmedro de otros y menos aún impedir el funcionamiento de servicio de Justicia con un paro con quite de colaboración. Reconocemos la problemática de los trabajadores estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que otros sectores.

Por ello, se debe proceder a solicitar el cese inmediato de la medida de fuerza que solo daña a los más vulnerables impidiendo la tutela judicial efectiva y el libre ejercicio profesional.

El Copnaf, el Poder Judicial y el Colegio de la Abogacía, trabajan para fortalecer la figura del Abogado del niño. El objetivo es garantizar la asistencia letrada y defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su vida, por lo que se busca ampliar la extensión de su competencia con una perspectiva integral, intersectorial e interdisciplinaria.

Esta semana se realizó un encuentro entre autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministerio Público de la Defensa y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), con el objetivo de trabajar en la figura del Abogado o Abogada del niño, niñas y adolescentes (NNyA), ampliando sus alcances, como marca la Ley de Protección Integral de los Derechos de NNyA.

De la reunión participaron el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, el presidente del Copnaf, Gabril Leconte; la vicepresidenta, Alejandra Ramírez; el presidente de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ, Juan Ramón Smaldone; el Defensor General, Maximiliano Benítez y la secretaria del Instituto de Niñez y Adolescencia del CAER, Mariana Carrero.

El Abogado o Abogada del niño, niñas y adolescentes es quien brinda asistencia letrada en procesos de Familia, considerándolos sujetos de derecho y brindándoles un trato digno y comprensivo en los procedimientos judiciales de los cuales participan. Este representante surge según lo dispuesto en la Ley Procesal de Familia Nº 10.668 y en base al derecho que tienen todos los NNyA de ser escuchados acerca de los temas que los afecten.

El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, se reunió hoy con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y con la secretaria de Justicia, Adriana Pérez Galarraga. Lo hizo acompañado por el secretario de la institución Carlos Pacher.

En el encuentro se abordó el  anteproyecto de ley de Registro de la Propiedad y la modificación del art. 185, en cuanto a la  defensa de la actividad profesional. Se planteó desde el CAER de mantener la incompatibilidad total, a lo cual se expresó desde el Ministerio el déficit profesional con que cuenta el Estado ya que los profesionales no aceptan los cargos por las remuneraciones percibidas. Una posible solución es mantener la incompatibilidad para las materias Civil, Comercial, Familia y Laboral  y flexibilizándolas para Mediación y Fuero Penal que no tendrá interferencia en la actividad propia del Registro.

También la ministra Romero se comprometió a apoyar el anteproyecto de modificación del art. 29 de la Ley de Aranceles, que se impulsará en la Cámara de Diputados.

Se aprovechó el encuentro institucional para el abordaje de la conflictividad en un sector muy vulnerable como el de Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido, se acordó convocar a una reunión el Ministerio de Justicia de la Nación, para posibilitar el acceso a la justicia, coordinando entre los distintos organismo del Estado y el CAER para llevar práctica profesional de incumbencia.

Además, se le entregó a la ministra un ejemplar limitado de la Ley de Colegiación entrerriana.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos será la primera institución no estatal de la provincia en brindar este tipo de capacitación. Esta semana el Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno provincial destacó la propuesta del CAER por considerarla “completa, pertinente y necesaria” y aprobó sus contenidos y modalidad.

La iniciativa presentada desde el Instituto de Derechos de la Mujeres, Géneros y Disidencia obtuvo la aprobación oficial por parte del organismo del gobierno de Entre Ríos.

En la nota de aprobación, se destaca que la propuesta resulta pertinente y adecuada, que se observa un programa con un desarrollo muy específico y pertinente y que es una propuesta que brinda las especificaciones requeridas y adecuadas. Además, se destacó el formato de talleres. que los módulos establecidos se condicen con los parámetros en los que se viene trabajando y que se visualiza una propuesta completa: con contenidos, carga horaria y evaluación dentro de los parámetros consensuados.

Por último, el observatorio a cargo de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, la licenciada Mariana Broggi, sugiere alcanzar la cantidad de personas propuestas y dictar con la modalidad “obligatoria” alguno de los talleres propuestos.

Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechazan públicamente las declaraciones periodísticas realizadas por el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, en el programa “Cuestión de Fondo” de Canal 9 Litoral en contra de la actividad profesional de los abogados penalistas.

El ex vocal del STJ, cuestionó las demoras en causas judiciales por las “chicanas” de abogados defensores y planteó que los abogados “trabajen en equipo” y además puso en tela de juicio que los defensores “tengan una especie de sueldo”. Desde el CAER le recordamos al ex juez, que la actividad de la abogacía cuenta con honorarios profesionales regulados por leyes provinciales y respaldados por la propia Constitución provincial y nacional.

Desde el Colegio de la Abogacía le recuerdan al ex vocal del STJ, que el ejercicio de la defensa penal es un derecho que garantiza la ley. Los abogados contamos con el derecho de ejercer la estrategia procesal, de manera individual o con otros colegas. Esto garantía constitucional vale para abogados particulares y para la defensa pública.

“Esta conducción del Colegio ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad ante una decisión arbitraria y contraria a la ley en una Acordada del Superior Tribunal, en defensa de la regulación justa de Honorarios profesionales. Y, como lo hacemos en cada oportunidad, defendemos las tareas de los abogados ante el cuestionamiento por parte del doctor Chiara Díaz, tal como cuando se confunde al rol del abogado con el delito imputado a su defendido”, aseguró el presidente del CAER, Alejandro Canavesio.

A su vez, Canavesio remarcó el compromiso del CAER “con el funcionamiento independiente de los poderes del Estado, el esclarecimiento de todos los hechos investigados y el debido proceso de justicia, con las garantías constitucionales vigentes, en cada una de las denuncias realizadas”.