El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia que los tribunales entrerrianos vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una solución real al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales.

En la nota se pidió formalmente “que no se continúe con la forma de prestación del Servicio de Justicia conforme el Acuerdo Especial de fecha 21.05.21”. El pedido se fundamenta en la flexibilización de las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicio respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita, habiendo los abogados/as respetado en todas sus formas, contando con protocolos propios aprobado por el COES Provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales. 

Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el art. 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.

Además resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al  Colegio de la Abogacía a convocar  un mesa de diálogo, cursando invitación de todas las partes. En dicho encuentro participaron además de este Colegio, la Secretaria de Justicia de la Provincia, AJER y  Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, comprometiéndose las partes comprometido a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero resultando necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.

“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental,  como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución” finaliza el escrito.

El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y el secretario de la institución, Carlos Pacher, fueron recibidas por el Secretario Provincial del Trabajo Angel Zacarías y por el director del organismo Pablo Pagnone, a quiénes se les planteó la preocupación por el conflicto que existe entre los trabajadores judiciales.

El gremio AJER ha decretado medidas de fuerza que, sumadas a la afectación parcial de la actividad judicial como consecuencia de las medidas sanitarias, afectan la tutela judicial continua y efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, que garantiza el art. 65 de la Constitución Provincial.

El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, también garantizada en la Constitución que es el modo que la representación trabajadora de reclamar legítimos derechos. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, las autoridades manifestaron que ante el pedido de quienes están legitimados, STJER y/o AJER, ofrece una instancia de diálogo y conciliación en el ámbito de la cartera a su cargo, a todas las partes a quiénes afectan las medidas de fuerza en aras de profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución.

El deber del Estado, promover la conciliación y el arbitraje como medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo al art. 37 de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, y la Secretaría de trabajo un ámbito insoslayable.

Desde el CAER les garantizamos a todos los matriculados y matriculadas que no cesaremos en la búsqueda de una solución adecuada que garantice los derechos de las partes y el pleno ejercicio de la actividad profesional. Por esto, durante la mañana de hoy se realizará además una presentación formal ante el Superior Tribunal de Justicia.

El Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reitera y reafirma todas las acciones realizadas en pos de rechazar la medida gremial por parte de los empleados judiciales nucleados en AJER y agotar las acciones en pos de acercar las partes en conflicto para encontrar una solución al tema.

Como entidad gremial que nuclea a los matriculados entrerrianos, parte activa del servicio de justicia, hemos peticionado y actuado para garantizar el servicio de justicia y el pleno ejercicio profesional de la abogacía entrerriana en un conflicto en el que la solución no está a nuestro alcance.

Por respeto a lo que representa para la abogacía que trabaja el pleno funcionamiento del servicio de justicia, tema de la mayor relevancia institucional, el mismo debería quedar al margen de la “agresiva dialéctica electoralista” utilizada por algunos candidatos.

Rechazamos las campañas electorales negativas, con agresiones y falsedades que solo deterioran el sistema democrático del Colegio, desmovilizan y desmotivan la participación en los próximos comicios.

Comenzó la capacitación a cargo del Instituto Alberdi con 50 inscriptos. El curso es la concreción de toda la gestión que realizó el Colegio para tornar operativa esta figura tiene su basamento en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 27 de la ley 26061 recogidos por la Ley Procesal de Familia N° 10668.También se logró conseguir presupuesto para los honorarios y el diferimiento de los aportes a la Caja previsional.

El Colegio de la Abogacía solicitó en su momento la gratuidad de la actividad y aportó distintos profesionales como docentes. El curso comenzó durante los últimos días de mayo y ya se concretó el primer examen.

El curso es virtual y se titula “Profesionales de la abogacía representantes de niños, niñas y adolescentes”, con una carga horaria de 80 horas. El director es el doctor Rodolfo Jáuregui.

Sobre el abogado del niño

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos es la autoridad de aplicación del Registro Abogado del niño, niña y adolescentes y/o tutores especiales en los términos del art.20 de la Ley 10668 y Acuerdo General N! 27/19 STJ.

Desde la sanción de la Ley 10668 -Ley procesal de Familia- el CAER ha participado por intermedio de sus Institutos de Derecho de las Familias, Derecho de Niñez y Adolescencia y Procesal Civil en un equipo de trabajo a los fines de la reglamentación del art.20 de aquélla. 

Paralelamente el Presidente Alejandro Canavesio tramitó ante el Ministerio de Gobierno una partida presupuestaria para el pago de  honorarios y ante las autoridades de la Caja Forense un pedido de diferimiento de los aportes correspondientes a tales profesionales, lo que fue concedido. 

Por Acuerdo General N° 27/19 el STJ aprobó la propuesta de Reglamentación del art.20 Ley 10668. El CAER es autoridad de aplicación por tanto se creó por Resolución N° 27317 el Registro Abogado del niño, niña y adolescente y/o tutores especiales.

Paralelamente, el presidente Alejandro Canavesio tramitó ante el Ministerio de Gobierno una partida presupuestaria para el pago de  honorarios y ante las autoridades de la Caja Forense un pedido de diferimiento de los aportes correspondientes a tales profesionales, lo que fue concedido.

Se reunieron en la sede del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos representantes del gremio de empleados judiciales (AJER), la Asociación de Magistrados y el gobierno, representados por la Secretaria de Justicia. Se conocieron los puntos de cada una de las partes en el conflicto que afecta el servicio de justicia en Entre Ríos.

El presidente del CAER, Alejandro Canavesio y el secretario de la institución, Carlos Pacher  recibieron a Mabel Pedrero, secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Gabriela López Arango y Alejandro Cánepa, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, y a Adriana Pérez Galarraga y Fabricio Battauz, de la Secretaría de Justicia del Gobierno de Entre Ríos.

El CAER había convocado a este encuentro para abordar la problemática en el servicio de justicia entrerriano y la garantía de la tutela judicial que manda la Constitución de la Provincia, ante las medidas de fuerza gremiales instrumentadas por AJER.

Desde el gremio afirmaron que las medidas continuarán hasta que el gobierno provincial se exprese sobre la prórroga de la Ley de Emergencia Solidaria que va a cumplir un año de vigencia. 

Desde el lado del gobierno provincial, la Secretaria de Justicia, Adriana Pérez Galarraga aseguró que el gobernador Gustavo Bordet, a través de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, está al tanto del reclamo gremial y de los inconvenientes que conlleva esta situación.

Por su parte, desde la Asociación de Magistrados aseguran que han enviado al gobierno distintas propuestas para solucionar el problema del déficit en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y que comparten con AJER la oposición a la Ley de Emergencia Solidaria.

Desde el Colegio de la Abogacía se dejó planteado que el art. 65 de la Constitución provincial solicita se garantice el servicio de justicia, amparando la tutela judicial efectiva y continua, para dar respuesta a los más vulnerables de la sociedad. “La necesidad de la gente, es también de cada abogado/a de la provincia que no puede atender y dar respuesta a la sociedad, por lo que solicitamos al gremio mayor empatía con el conjunto de la sociedad en este difícil momento”, aseguró el presidente del CAER, Alejandro Canavesio. 

Para finalizar se propuso una hoja de ruta, con distintos temas a abordar para encontrar criterios previsibles y homogéneos. Además, los magistrados se comprometieron a analizar caso por caso cada jurisdicción para optimizar el servicio de justicia.