Como oportunamente lo expresamos cuando ocurrió el fallecimiento de Micaela García, la situación nuevamente excede el plano jurídico afectando a todo el tejido social.

La institución hace notar que este hecho demuestra que las políticas públicas no han dado las respuestas adecuadas a hechos donde las víctimas son las mujeres. Además, remarcamos la imperiosa necesidad de que se investigue con eficiencia en profundidad, para que se haga justicia ante tan aberrante hecho.

Estamos convencidos que el Estado debe enfrentar este problema de manera interdisciplinaria y mancomunadamente con todas las Instituciones intermedias, donde nuestro Colegio posee mucho por aportar, sobre todo en el ámbito de la capacitación, para lograr superar el flagelo de la violencia de género que ha recrudecido en este último año.

Es indudable que el Estado en todos sus poderes, estamentos y órganos debe esforzarse aún más a lo que puede haberlo realizado hasta la fecha, para lograr la profundización de las políticas públicas contra la violencia de género en todos los ámbitos sociales posibles y coordinar sus recursos, muchas veces dispersos.

Por ello hoy más que nunca debemos redoblar los esfuerzos para mejorar la respuesta a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, no solo acompañando en cada momento sino garantizando la integridad de las mismas, con juicios rápidos, que logren condenas efectivas fundadas en derecho y con la asistencia y tratamiento de los autores de estos hechos.

Estos hechos como los que sufrió Fátima y muchas otras mujeres antes que ella, comienzan a generar un cansancio y hartazgo de  toda la sociedad y la solidaridad de la comunidad que exige el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. 

Por ello es necesario como Institución impulsar desde nuestra competencia e interdisciplinariamente  las acciones necesarias para luchar contra este flagelo, contribuyendo a reabrir nuevamente el debate sobre el mismo.

Autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y de las Seccionales Paraná y San Salvador se reunieron con el STJ. En el encuentro realizado en el Salón de Acuerdo del STJ, se abordaron temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial de las jurisdicciones y de la problemática general de los honorarios de los profesionales.

El presidente del STJ, Martín Carbonell, junto al vicepresidente Germán Carlomagno y los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y la vocal Claudia Mizawak dialogaron con el presidente del Colegio de Abogados de provincia, Alejandro Canavesio y el Secretario Carlos Omar Pacher. Además estuvieron la presidenta de la Seccional Paraná Analía Coria; el vicepresidente Guillermo Vartorelli; el tesorero Santiago Esquivel ; el vocal Amado Siede; la presidenta de la Seccional San Salvador María Susana Benítez; la secretaria Celeste Malarín y el tesorero Fernardo Andrada.
Entre los temas planteados por los abogados, figuró el de la necesidad de la reglamentación del régimen de licencias para los abogados; como así también el análisis de la implementación del sistema de las transferencias electrónicas, cuyas pruebas pilotos fueron exitosas.
Asimismo, se acordó continuar con la mejora del sistema de oralidad en el Fuero Civil considerando la evolución y dinámica del mismo. También se abordó el funcionamiento de las reparticiones de la jurisdicción de San Salvador.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos expresa su total rechazo al programa implementado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dependiente DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, denominado C.A.J. “Centro de Acceso a Justicia Virtual”, donde se puede acceder a una consulta jurídica vía on line por cualquier tema. En dicha página web se invita al ciudadano a realizar consultas vinculadas a la “seguridad social, familia, trabajo, entre otros”.

Dicho programa es abiertamente contrario a la Ley de Reglamentación y Ejercicio de la Abogacía N° 4109 y al Reglamento de Ejercicio aprobado por Res. 1277/76 donde se consagra el rol del abogado como servidor de la justicia, y el deber de consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, debiendo mantener su independencia ante los poderes públicos. Asimismo la normativa que nos regula establece la obligación del abogado de atender personalmente en su estudio así como poseer la libertad moral para aceptar los casos. 

Con éste sistema a) se diluye la responsabilidad profesional de quien asesora detrás de una computadora, b) muchos abogados, verían disminuidos sus ingresos por las consultas gratuitas realizadas on line, cuando son los matriculados los que deben soportar los costos del ejercicio profesional, como pago de matrícula, aportes jubilatorios, costos de capacitación,  gastos de funcionamiento de los estudios jurídicos etc. Etc.

Notamos con creciente preocupación un avance del Estado en áreas que resultan ajenas al servicio público que le cabe otorgar a los ciudadanos.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos también manifiesta su rechazo el patrocinio letrado obligatorio instaurado en el procedimiento de Comisiones Médicas que intervienen en el régimen de riesgos del trabajo, para resolver administrativamente cuestiones entre particulares –ART y trabajador-.

En este régimen el trabajador damnificado puede optar por un letrado particular, que debe registrarse obligatoriamente en el sistema, y que en caso de  consentir liquidaciones o incapacidades insuficientes puede configurar un perjuicio definitivo a su patrocinado, atento que dichas actuaciones administrativas, son irrevisables en instancias judiciales, por el carácter de cosa juzgada que adquiere la decisión de la Comisión Médica. En su defecto puede optar por letrados cuya designación corresponde a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo  y cuya intervención es gratuita. Dicha gratuidad atenta la digna retribución del colega, pero además contra la independencia, idoneidad, especialidad y profesionalismo que inspira nuestra profesión.

Es deber de este Colegio, y forma parte de sus objetivos, no solo el de dignificar la profesión  y el ejercicio de la abogacía, sino también el ejercer el control sobre la responsabilidad profesional de sus matriculados y defender los derechos de los Abogados en el ejercicio de la profesión.

La defensa de los derechos de los ciudadanos es libre, y parte de esa libertad la constituye la potestad de designar un abogado de confianza y conocer personalmente al mismo, y no a través de una plataforma digital.

El derecho de defensa en particular no puede ser coartado o subordinado a la designación de un abogado enmarcada en disposiciones de carácter administrativo, sin riesgo de comprometer valores como la confianza, la honestidad intelectual y la autonomía de criterio.