Como oportunamente lo expresamos cuando ocurrió el fallecimiento de Micaela García, la situación nuevamente excede el plano jurídico afectando a todo el tejido social.
La institución hace notar que este hecho demuestra que las políticas públicas no han dado las respuestas adecuadas a hechos donde las víctimas son las mujeres. Además, remarcamos la imperiosa necesidad de que se investigue con eficiencia en profundidad, para que se haga justicia ante tan aberrante hecho.
Estamos convencidos que el Estado debe enfrentar este problema de manera interdisciplinaria y mancomunadamente con todas las Instituciones intermedias, donde nuestro Colegio posee mucho por aportar, sobre todo en el ámbito de la capacitación, para lograr superar el flagelo de la violencia de género que ha recrudecido en este último año.
Es indudable que el Estado en todos sus poderes, estamentos y órganos debe esforzarse aún más a lo que puede haberlo realizado hasta la fecha, para lograr la profundización de las políticas públicas contra la violencia de género en todos los ámbitos sociales posibles y coordinar sus recursos, muchas veces dispersos.
Por ello hoy más que nunca debemos redoblar los esfuerzos para mejorar la respuesta a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, no solo acompañando en cada momento sino garantizando la integridad de las mismas, con juicios rápidos, que logren condenas efectivas fundadas en derecho y con la asistencia y tratamiento de los autores de estos hechos.
Estos hechos como los que sufrió Fátima y muchas otras mujeres antes que ella, comienzan a generar un cansancio y hartazgo de toda la sociedad y la solidaridad de la comunidad que exige el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos.
Por ello es necesario como Institución impulsar desde nuestra competencia e interdisciplinariamente las acciones necesarias para luchar contra este flagelo, contribuyendo a reabrir nuevamente el debate sobre el mismo.