El doctor Marciano Martínez preside el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Viene luchando por la implementación del juicio por jurados desde hace 40 años. A sus 86 años, y en plena actividad, pudo ver cómo se concretó un viejo anhelo personal, pero también una manda constitucional que la democracia había desatendido.

• ¿Qué sensación le deja la realización del primer juicio por jurados en Entre Ríos?

• El juicio por jurados es una transformación del sistema democrático argentino, porque supone la participación popular en uno de los poderes del Estado. Es comparable a lo que sucedió con la reforma de la Ley Sáenz Peña de 1912, que posibilitó el voto del pueblo y luego la presidencia de Yrigoyen. El error es ver este proceso sólo como una reforma procesal, cuando en verdad es algo mucho más profundo. Es la participación del pueblo en el dictado de sentencias judiciales. Tiene una trascendencia institucional muy importante.

• ¿Qué opina del proceso que llevó lograr instrumentarlo en Entre Ríos?

• En el país hay una demora que viene desde 1853, más de doscientos años. Acá en Entre Ríos la figura estuvo siempre en la Constitución Provincial, pero fue en la reforma de la Constitución Provincial de 1933 donde se discutió, se debatió y se aprobó el juicio por jurados. O sea, que la Legislatura sancionó la ley 86 años después, nosotros podríamos haber contado con el juicio por jurados en 1934, tal como las mujeres entrerrianas podrían haber votado ese mismo año, porque también esa reforma incluyó el voto femenino. Pero no se reglamentaron ninguna de las dos cuestiones. Estos atrasos institucionales históricos ocurren porque el sector que maneja el poder tiene miedo a la distribución de este poder en la gente. Hoy, los que vimos el juicio, fuimos testigos de lo difícil que es juzgar. Muchas veces no hay suficientes pruebas o las pruebas no son lo suficientemente claras para tomar una decisión. Pero es una experiencia muy interesante para vivir. Hay países donde esto es una tradición arraigada, por ejemplo, Estados Unidos tiene juicio por jurados desde que se independizó de Inglaterra.

• ¿Y de la forma que adoptó la figura del juicio por jurados?

• Acá se analizaron varios proyectos. La Federación Argentina de Juicios por Jurados entendió que este era el mejor proyecto, porque establece la unanimidad en el fallo, porque entiende que si 12 personas coincidieron en un pensamiento, ese pensamiento es correcto, o mayoritariamente correcto. Esto es muy bueno. Acá no se pudo ver el jurado, pero en otros lados hemos podido ver las caras del jurado y eso impresiona bien, porque incluye hombres y mujeres de todos los tipos y de todas las razas. Es un paso importante en un país democrático.

• ¿Y las críticas que se escucharon a la obligatoriedad de la figura?

• No he escuchado tantas críticas… Yo vengo con el tema desde hace muchos años. En 1985 escribí un libro titulado “Juicio por Jurados”, que en verdad era un cuento sobre el tema, pero tiene cinco ediciones. No era un libro jurídico, sino literario, pero me permitió recorrer la provincia hablando del tema. Defendiendo esta idea. Luego escribí un libro jurídico sobre el proceso de reforma constitucional del 33 y ahí incluí la figura del juicio por jurados. En la Constitución Nacional sancionada en Santa Fe incluía en tres artículos el juicio por jurados. Pero no se aplicó. El que se entusiasmó mucho con esto fue Domingo Faustino Sarmiento que lo había visto en Estados Unidos. Así cómo quiso imitar la educación obligatoria, laica y gratuita, intentó impulsar el juicio por jurados y mandó un proyecto al Congreso, pero se lo rechazaron. La oligarquía que manejaba el país en ese entonces no permitió que la gente común los juzgara a ellos. Para eso tenían sus hijos abogados, luego jueces, siempre fueron una casta que manejaba el poder judicial. Ellos debían manejar la justicia, “¿cómo me iban a meter preso a mí los criollos, los pobres, los empleados si yo era un hombre importante, un ganadero de mucha plata?”, así pensaban ellos. Hemos visto que las personas que nos recibimos de abogados podemos juzgar, pero también el pueblo puede juzgar, porque tiene sentimientos, emociones y razonabilidad. Hoy los jurados de Paraná tuvieron que razonar sobre las pruebas que se presentaron en el juicio. Los testigos, las pruebas periciales, las pruebas judiciales, etc. Sobre la base de eso se juzga, es verdad que no hay un fundamento escrito, pero que mayor fundamento que la razonabilidad y la unanimidad de doce personas. A veces uno acude a un Tribunal de tres personas, en lo que sólo uno de ellos hace el voto y los demás adhieren. Y otras veces, ni siquiera los jueces hacen sus propios votos, sino que los redactan los abogados que trabajan con ellos. Eso es un tema que se debate mucho en el Poder Judicial.

Desde el Colegio de Abogados se han realizado distintas acciones para impulsar esta iniciativa. El doctor Julio Federick, fue autor del proyecto que se presentó en el 2017 al gobernador Gustavo Bordet. Para el texto, y en distintas actividades para darle impulso al tema participaron activamente los doctores Marciano Martínez, Raúl Barrandeguy, Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli, Sandra Sánchez y Victoria Cargnel, entre otros.

• ¿Qué sintió, en lo personal, usted cuando vio el juicio por jurados hecho realidad?

• A mí me gratificó mucho en lo personal. Cuando comenzó el juicio recibí muchos saludos de colegas que se contactaron conmigo y me felicitaban porque hace 40 años que estoy peleando por este tema. Yo nací en el mismo año que se modificó la Constitución Provincial que introdujo el juicio por jurados, no importa que se haya demorado 86 años, hoy nos debe enorgullecer porque se permite la participación del pueblo en el poder judicial. Ese es el cambio esencial.

• ¿Y para el Colegio de Abogados que significa?

• Para la institución es muy importante. Quiero decir lo siguiente: nunca las cuestiones jurídicas, políticas o sociales son en base a una persona, siempre deben intervenir muchas, y acá sucedió eso. Los abogados hemos peleado mucho por el juicio por jurados. Lo venimos haciendo hace años en los congresos provinciales y en el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología. Lo hicimos con las armas institucionales que nos da el Colegio para impulsar estos temas. Con eso llegamos a los legisladores, que fueron los que tuvieron la última palabra en la sanción de la ley, a los magistrados y al poder ejecutivo provincial, al que le presentamos nuestro proyecto hace varios años. Si bien, no se aprobó nuestro proyecto tal como lo presentamos, lo importante fue el entusiasmo generado para dictar una norma que permita lo que vimos esta semana. El Colegio de Abogados de Entre Ríos tiene que estar orgulloso de haber participado en esta cuestión. El CAER fue el gran armador de la figura del juicio por jurados. Quiero felicitar al pueblo, a las autoridades que participaron y a cada uno de los jurados que tuvieron la oportunidad histórica de participar del primer juicio por jurados en Entre Ríos.

Esta mañana sesionó la Cámara de Diputados de la provincia. Entre los varios proyectos tratados, se le dio sanción al del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. “Es una ley fundamental para la actualización institucional del Colegio”, aseguró Alejandro Canavesio, presidente del CAER.

“Estamos conformes con el trabajo legislativo realizado por los diputados y esperamos que sea tratado a la brevedad por la Cámara de Senadores para que sea ley. Esta normativa nos permite actualizar el funcionamiento institucional del Colegio a los tiempos que corren. Es un salto institucional de relevancia tras 64 años de una ley sancionada en un gobierno de facto”, agregó Canavesio.

El proyecto fue tratado por las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales. Obtuvo dictamen por unanimidad de ambas comisiones y por dicho motivo fue tratado sobre tablas, título por título. Hicieron uso de la palabra para fundamentar el proyecto la diputada Carina Ramos, la diputada Mariana Farfán, el diputado Diego Lara y el diputado Esteban Vitor.    Expusieron sobre las necesidad de renovar el estatuto de la abogacía entrerriana luego de 64 años de regirse por la Ley 4.109 y sobre las innovaciones incorporadas: creación de la Junta de Delegados, nuevo Tribunal de Etica Profesional, participación de las minorías y paridad de género en todos los órganos de gobierno del Colegio, etc. 

El presidente de la Cámara, diputado Ángel Giano invitó al recinto a presenciar la sesión al presidente del Colegio, doctor Alejandro Canavesio y al prosecretario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), doctor Enrique Martínez.   

La sesión transcurrió, según nueva reglamentación, por medios telemáticos, pero con la presencia de los presidentes de bloques:  diputado Juan Reynaldo Navarro,  Frente Creer Entre Ríos; diputado Gustavo Cusinato, Unión Cívica Radical;  Esteban Vitor del PRO y Juan Domingo Zacarías del Movimiento Social Entrerriano.

El Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) organizaron en forma conjunta una conferencia con una masiva asistencia de abogados y otros actores sociales que se interesaron en escuchar al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti.
La iniciativa tuvo como en otras oportunidades, el claro objetivo de llegar con los temas de Derecho Ambiental a toda la ciudadanía para que esta se apropie de las herramientas legales, custodiando los derechos y el cumpliendo conjunto de las obligaciones respecto del cuidado del ambiente, advirtiendo que está en juego el futuro de la vida en nuestro planeta.
Sus integrantes pusieron de relieve la necesidad de un diálogo social e institucional permanente, generando ideas fundadas en el conocimiento para hacer posible un mundo mejor, diseñando modelos de gestión del territorio con participación de sus habitantes y, puntualmente, de los sectores de la sociedad involucrados, con eje en la sustentabilidad real de los recursos.
Haber gestionado la presencia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia para esta conferencia sobre el marco constitucional del Derecho ambiental fue todo un desafío y conllevó su compromiso inmediato.
La formación profesional del doctor Horacio Rosatti, como abogado, académico y doctrinario, especializado en Derecho Público, Constitucional y Ambiental, Master en Evaluación de impacto y gestión ambiental, docente en Maestrías de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Austral y Universidad Nacional de Rosario, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y Director del Doctorado en Ciencia Jurídica de dicha Universidad, complementada con su participación en la política argentina al ser elegido Convencional Constituyente en 1994, Presidente Municipal de la ciudad de Santa Fe en 1995 y con su actuación en destacados cargos nacionales como Procurador General del Tesoro y Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene como corolario, desde el año 2016, su designación como Juez titular de ese Alto Tribunal.
En su detallada exposición, el doctor Rosatti planteó nuevos desafíos tanto para el abogado litigante como para el jurista, bajo la revisión conceptual de algunos institutos jurídicos dada la transversalidad de los saberes y categorías del Derecho ambiental. Por ejemplo, la singular territorialidad de la naturaleza impone trasvasar la lógica territorial del federalismo, obligando a repensar los rígidos esquemas jurisdiccionales. Así también, el concepto “ambiente” tiene para Rosatti una fuerte connotación espiritual, tanto en el artículo 41 de la Constitución del 94 como en toda la normativa infraconstitucional que devino. Nociones tales como: sistema ambiental, desarrollo sustentable, futuras generaciones, administración del ambiente, aprovechamiento de la naturaleza sin degradarla, diferencia entre crecimiento y desarrollo, uso racional de los recursos permitiendo su regeneración, obligación principal de recomponer ante el daño causado, fueron parte de su oratoria repensando la lógica jurídica.
Otro punto de análisis fue el artículo 124 de la C.N. referido al dominio originario de los recursos naturales de las provincias y la utilización que el Estado nacional puede hacer de ellos con la debida compensación económica.
Respecto de los presupuestos mínimos de protección ambiental, el Juez Rosatti reafirmó que el artículo 41, conjuntamente con el 124 de la CN, garantizan igualdad de tratamiento en todo el territorio, aun cuando los estados provinciales pueden complementarlos imponiendo protecciones más estrictas.
Todos los temas fueron abordados con especial atención en la protección de la naturaleza. Así, las condiciones por las que rige la aplicación del principio precautorio, la protección de la biodiversidad incluyendo en ese concepto al ser humano y sus diversas formas de vida, la necesidad de contar con un inventario ambiental y un sistema de cuentas interactivas para cuantificar el daño y proteger el ambiente, entre otros.
Un apartado especial tuvo el concepto de función social de la propiedad privada y las facultades regulatorias del Estado, permitiendo el disfrute de todos los habitantes en el marco del cumplimiento de los principios básicos del capitalismo. Esto es, el reconocimiento de la propiedad privada, la iniciativa de los particulares en la gestión económica y la libre competencia sobre la base de la igualdad de oportunidades. En términos ambientales, explicó Rosatti, es la participación del empresariado en la actividad económica, con uso racional de los recursos y la obligación del Estado de otorgar beneficios a quienes protegen el ambiente.

Cabe agregar que, el Instituto de Derecho Ambiental ha brindado reiteradamente definiciones y opiniones respecto de problemáticas ambientales y sociales de nuestra Provincia, tales como la necesaria reconversión de sistemas de producción no sustentables, la degradación y contaminación de suelos y aguas, la falta de rigor en la habilitación y supervisión de parques y áreas industriales y, últimamente, sobre las gravosas consecuencias de los incendios en el Delta. Por otra parte, cabe señalar que, tanto la Constitución Nacional como la de Entre Ríos, marcan directrices insoslayables a la hora de ejercer sobre el ambiente cualquier actividad antrópica; y la legislación que se ha ido dictando en consecuencia plasmó con normas concretas esos principios de orden público y rectores, desarrollando los denominados presupuestos mínimos de protección ambiental que imponen una sabia armonía de derechos y obligaciones como único modo de sostener los recursos naturales para las generaciones futuras.

Fuente: Instituto de Derecho Ambiental del CAER.

El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio se comunicó telefónicamente esta mañana con el  Secretario de Justicia, Pablo Biagini, con el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Gobierno y Justicia, doctor Guillermo Ledesma Maximino y con la doctora Lucrecia Tepsich, directora del Notariado, Registros y Archivos, para agilizar este proceso.

En el departamento Paraná, se recibirán todos los oficios en la Sección Paraná del CAER, para acelerar los plazos con los turnos para los matriculados. En el caso de las distintas localidades, las autoridades del Colegio de Abogados van a dar respuesta en forma personalizada.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos había presentado notas al Ministerio de Gobierno y Justicia y a la Secretaría de Justicia para lograr acortar plazos en este proceso que tiene demoras de hasta 45 días, lo que perjudica el ejercicio de la abogacía en toda la provincia. 

De esta manera, se encontró una solución concreta a una demanda de toda la abogacía entrerriana.