El encuentro provincial es organizado cada cuatro años por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, como instancia de capacitación, actualización y trabajos en comisiones en distintas temáticas. Este año la sede será Paraná, tras la suspensión por la pandemia en 2020. Las doctoras Marisa Herrera, Aída Kemelmajer de Carlucci y el doctor Ricardo Lorenzetti, quien lo hará vía remota, serán algunos de los expositores.

El día jueves por la mañana  será el acto inaugural del XIII Congreso Provincial de Derecho en el Centro de Convenciones de Paraná. Luego se extenderá durante tres jornadas en las que habrá disertaciones magistrales y trabajos en ocho comisiones temáticas. La última edición fue en Concordia en el 2016 y el encuentro vuelve a Paraná luego de 18 años.

Del encuentro participarán más de 500 abogados y abogadas de toda la provincia. La reconocida catedrática Aída Kemelmajer de Carlucci expondrá sobre el “Impacto de la constitucionalización del derecho privado en la sociedad civil” el día jueves. Esa misma jornada, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará su charla magistral vía remota.

El viernes se presentará la doctora Marisa Herrera (“Justicia, Géneros e Interseccionalidad”), el doctor Carlos Balbín (“Contratos estatales y opacidad”) y los doctores Gastón Bielli y Carlos Ordoñes (“Blockchain y Derecho”). El sábado, el doctor Miguel Jara realizará un taller práctico titulado “Aspectos prácticas de la incorporación de prueba al proceso electrónico”.

Además, habrá actividades en cada una de las comisiones, donde los asistentes también abordarán las más de 50 ponencias presentadas. Las comisiones se dividen en ocho temáticas: Administrativo, Constitucional y Ambiental; Familias, Niñeces, Mujeres y Disidencias; Trabajo; Civil y Comercial; Penal y Procesal Penal; Procesal Civil y Comercial, Innovación Tecnológica y Gestión; Medios Alternativos de Resolución de Conflictos; de la Abogacía (gremial).

Para el presente Congreso Provincial de Derecho se realizaron más de seis jornadas preparatorias en distintos puntos de la provincia. En el encuentro habrá una cena de honor, una feria de editoriales jurídicas, con exposición de bibliografía, encuentros de camaradería y sorteos entre los asistentes. 

Para más información e inscripción, pueden ingresar en https://caer.org.ar/congresoprovincial/

Se llevó a cabo hoy un nuevo encuentro de la Mesa Interinstitucional, espacio integrado por estamentos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal; el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER); y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, creado con el objetivo de debatir sobre temas vinculados a la Justicia provincial.

En esta oportunidad se trataron las propuestas presentadas por el Colegio de la Abogacía sobre la reforma parcial legislativa al Código Procesal Laboral de la provincia, al Código Procesal Penal y a la Ley de aranceles de la Abogacía y procuradores.

Durante el encuentro se intercambiaron opiniones referidas a los mismos y se acordó que, en base a los proyectos presentados por el CAER, en relación a la reforma laboral y de aranceles, se acuerde con la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, los Ministerios Públicos y representantes del Ejecutivo y del Legislativo la unificación en una propuesta, para ser analizada en la próxima reunión convocada para el 9 de noviembre.

En relación a las modificaciones al Código Procesal Penal, el vocal Daniel Carubia dio precisiones sobre el trabajo de consulta que se viene realizando desde la Sala Penal, con todos/as los operadores/as judiciales de la provincia, y comentó que próximamente se acercará al Poder Ejecutivo una propuesta para que sea considerada y analizada por los legisladores.

Del encuentro realizado en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia participaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina; el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia; y los vocales Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio. También participaron el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; el procurador general, Jorge Amílcar García, y la procuradora adjunta, Mónica Carmona.
Lo propio hicieron la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos dependiente de la Vicegobernación, Sigrid Kunath, y por la Cámara de Diputados, su secretario, Carlos Saboldelli.

En representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial asistieron su vicepresidenta, Laura Soage, junto a Gaspar Reca Ríos (secretario general) y María Andrea Morales (vocal). Por el Colegio de la Abogacía estuvieron su presidente, Alejandro Canavesio, y su colega José Velázquez.

Ante la media sanción del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, expresan que:

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha sido un organismo modelo en el país y su funcionamiento ha sido correcto durante los casi veinte años de su vigencia.

Por invitación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuestionamos en la misma Cámara de Diputados tanto la oportunidad como la velocidad del tratamiento de un proyecto de ley que no promovimos, ni alentamos.

No obstante, junto a otras instituciones, realizamos observaciones al proyecto de reforma, respecto de algunas modificaciones que, entendimos, no resultaban adecuadas ni beneficiosas para el sistema de designación de las y los miembros de las magistraturas judiciales.

Así, nos opusimos a la ampliación de la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo; a la eliminación de las Facultades de Derecho; a la vista al Superior Tribunal de Justicia para la calificación de antecedentes; y, sobre todo, a la elevación de las ternas sin orden de mérito, lo cual consideramos afecta la transparencia de la designación.

Además, se sostuvo la necesidad de mantener la representación estamentaria en los jurados; de disponer la obligación de los Ministerios Públicos de comunicar las vacantes en su seno; de establecer una doble instancia en el recurso judicial, con plazos perentorios;  de examinar a los aspirantes en temas trascendentes como independencia judicial, ética y perspectiva de género; y de establecer recaudos concretos, mecanismos y recursos presupuestarios y de infraestructura suficientes para garantizar la agilidad en la convocatoria, desarrollo y finalización de los concursos.

Respecto del “banco de casos”, creado para la evaluación de idoneidad de los concursantes, advertimos con mucha preocupación su falta de regulación concreta, la indeterminación del sistema propuesto, su confusa implementación y -sobre todo- la falta de un estudio riguroso sobre el modelo que se propone, reparando en las dudas existentes respecto del número de casos suficiente para cada fuero e instancia, en la disparidad y diversidad de fuentes para su confección, y en la ausencia de una autoridad de control y/o aprobación de los casos para su incorporación al banco; proponiendo que sean las Universidades de Derecho quienes confeccionen los mismos.

Debemos reconocer y destacar que algunas de tales propuestas han sido tomadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales e incorporadas al proyecto aprobado; entre otras, la que se oponía a una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en dicho organismo. También se mantuvo la tríada de jurados por estamentos, se eliminó la injerencia del Superior Tribunal de Justicia en la calificación de antecedentes, y se establecieron plazos perentorios para resolver el recurso judicial. 

Otras, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta en el proyecto que recibió media sanción en Diputados.

En función de ello, instamos a que las referidas observaciones sean consideradas cuando el mismo proyecto sea tratado en el Senado, en el entendimiento de que algunas de las normas modificadas no redundarán en la mejora del funcionamiento del sistema al que aspiramos y otras, tales como el ocultamiento del orden de mérito en las ternas, implicarán un retroceso a nivel institucional con el que no estamos de acuerdo ni convalidamos.

Insistimos con las observaciones realizadas oportunamente, cuyos antecedentes obran en el expediente del proyecto en cuestión, en la Cámara de Diputados de la Provincia.

En definitiva, llamamos a la reflexión de los poderes públicos en el sentido de que, si bien entendemos que cualquier proceso es perfectible, y que los veinte años de vigencia del Consejo habilitan una revisión de su funcionamiento, su reforma debe apuntar, siempre, a la excelencia del sistema. Un Poder Judicial independiente, así lo exige.

Tras las distintas gestiones realizadas por los colegios profesionales, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia confirmaron ayer que se solucionó el reclamo de los trabajadores y se retorna a la atención normal, con una extensión horaria hasta las 14 para normalizar el flujo de los expedientes.

Así lo comunicó la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero tras un encuentro con autoridades del Colegio de la Abogacía, Colegio de Escribanos, Colegio de Profesionales de la Agrimensura y Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.