La institución que nuclea a los matriculados provinciales expresó su preocupación ante la Instrucción General 02/2020 del Ministerio Público Fiscal que objeta algunos artículos de la ley de Juicio por Jurados, sancionada por la legislatura provincial.
El Colegio de Abogacía de Entre Ríos, se ve en la necesidad de reiterar la importancia institucional para la Provincia de Entre Ríos, el Poder Judicial y sus operadores, como para la sociedad toda de la sanción de la Ley de Juicios por Jurados en nuestra provincia.
En tal sentido, como impulsores de pre proyectos y conspicuos participantes del proceso de sanción de la ley que nos rige en la actualidad, bregamos por la plena vigencia de la norma que fue oportunamente ampliamente debatida en encuentros provinciales, foros y en ambas cámaras de la Legislatura.
Que como bien lo expresamos en su momento, el texto legal contiene los resortes necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva tanto a la víctima como a quien debe ser juzgado, garantizando de esta forma todos los derechos de raigambre constitucional y de pactos internacionales incorporados por la Constitución Nacional y leyes de nuestro país.
Que como institución colegial pionera en la provincia en proponer la implementación del juicio por jurado, rechazamos cualquier intento directo o soslayado de planteos de inconstitucionalidad de la norma, o limitaciones a distintos tipos delictivos que por la pena que les corresponde están comprendidos en el texto legal y procederemos en derecho dentro de las facultades que poseemos a su defensa, porque estamos convencidos y comprometidos a que la democratización del proceso penal con la participación directa de la ciudadanía jerarquizan nuestra sociedad y colocan a nuestro sistema judicial como adelantados en el país, cumpliendo así con la manda constitucional vigente, la que era contenida desde 1.853.