En la reunión mensual del Consejo Directivo del CAER se repasaron distintos temas de la actualidad institucional y del ejercicio de la profesión:

– Análisis de la actividad judicial denominada “a puertas cerradas”, desde el 13/4 al 16/4 por departamento con informe de cada consejero, con planteos de diferentes colegas sobre situaciones diversas en el receso extraordinario.

–  Expectativa sobre el comienzo de la actividad profesional a partir del 21 de abril próximo, elaboración de un protocolo para desarrollar la actividad profesional durante la cuarentena obligatoria, contemplando un pedido de considerar la profesión como actividad exceptuada.

–    Se aprobó la prórroga del pago de la cuota del Colegio por el mes de abril y de los vencimientos de las cuotas de los convenios celebrados, sin intereses.

–    Asimismo, se resolvió solicitar a Caja Forense que prorrogue la Resolución N° 3016/2020 y exceptúe a los colegiados del cumplimiento del primer semestre de aportes previsionales, como consecuencia inmediata del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el DNU 297/2020 PEN, a pedido de numerosos colegas.

–   Insistir en la implementación urgente del pago electrónico que ya se ha dado en algunos departamentos.

Se insistió en fijar como posición que todas las Resoluciones y  Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia dictados durante la Emergencia Sanitaria tienen el carácter temporal y deben fijar el plazo de vigencia por un plazo razonable, estimado por el CAER en 180 días como máximo.

Finalmente, el Consejo Directivo se autoconvoca en estado  permanente de Sesión y trabaja en el restablecimiento del servicio de justicia en forma amplia a partir del 21 de Abril de 2020, conforme lo resolviera el Superior Tribunal de Justicia en su Acuerdo General de fecha 08-04-2020.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos le solicitó hoy, mediante nota, al gobernador de la provincia Gustavo Bordet incluya al servicio de justicia entre las actividades exceptuadas de las medidas dictadas por el gobierno nacional en la extensión de la cuarentena. Solicitan reactivar el servicio de justicia, con todas las medidas sanitarias que definió el Superior Tribunal de Justicia.

El CAER solicitó “considerar la inclusión del servicio de justicia provincial en las actividades exceptuadas del cumplimiento de aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular del personal afectado al mismo”.

La nota resalta que “es imperioso destacar la razonabilidad y oportunidad de las medidas tomadas en procura de poner en resguardo el bien más preciado, cual es la vida de los argentinos, resultando incuestionables frente a la gravedad de la crisis epidemiológica global que azota a la humanidad. En ese contexto, es preciso aceptar el sacrificio individual y colectivo que la situación demanda y la resignación temporaria de derechos en aras del bien común”.

“Sin soslayar entonces la magnitud de la pandemia desatada y la obligación de actuar en consecuencia, estimamos que cabe en estas horas analizar la necesidad imprescindible de volver al pleno funcionamiento del servicio de justicia, cuya administración es confiada al Poder Judicial, pilar fundamental en que se asienta el sistema republicano y federal de gobierno”.

Por último, destacan la “necesidad imperiosa que el estado, único depositario de la potestad de impartir justicia, facilite a sus habitantes el Acceso Irrestricto a la Justicia, garantizando de tal modo la Tutela Jurídica Continua y Efectiva de sus derechos y garantías, como lo establece el artículo 65 de nuestra Constitución Provincial”.  

Cabe destacar que el presidente de la Nación ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020. En su artículo 2° establece que los gobernadores de provincias podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su calidad de tal y de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” que exceptúe del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular al personal afectado a la actividad solicitada.

Que el Superior Tribunal de Justicia ha dictado la norma “Acuerdo General del 8 de Abril de 2020”, por el cual ha organizado el restablecimiento del servicio de justicia en nuestra provincia. El mencionado Acuerdo General contiene una serie de Anexos o protocolos de actuación que regulan el servicio de justicia en la emergencia y también ha profundizado medidas concretas a los fines de preservar la salud pública.

Por esto, el Colegio de Abogados de Entre Ríos solicita al gobernador de la Provincia que peticione al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lic. Santiago Cafiero, en el marco del art. 2° del DNU 355/2020,  la inclusión del servicio de justicia entrerriano, y a todos sus operadores, como actividad exceptuada del cumplimiento del aislamiento y la prohibición de circular; petición de igual de tenor ha efectuado la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

A continuación reproducimos textual lo enviado formalmente hoy al Colegio de Abogados de Entre Ríos:

SE DEJA CONSTANCIA: Que el Superior Tribunal de Justicia, reunido en Acuerdo Especial celebrado el día 08 de abril del 2020, considerando lo dispuesto por Acuerdo Especial del 30.03.20, primera prórroga de la cuarentena del receso judicial obligatorio, ordenada mediante Acuerdo Especial del 15.03.20 y que la mencionada prórroga se encuentra próxima a vencer; en relación con el Punto 1°) resolvió –entre otras cuestiones-:

IMPLEMENTAR una nueva etapa de funcionamiento en el Poder Judicial de Entre Ríos bajo la modalidad de tribunal a puertas cerradas, disponiendo la actividad de todos los organismos, judiciales y administrativos, con personal mínimo y bajo los siguientes lineamientos funcionales y objetivos, desde el 13.04.20 y hasta el 20.04.20 inclusive a las 24 hs., y de acuerdo a las pautas contenidas en el PLAN OPERATIVO que como ANEXO I forma parte del presente. Con este enfoque operativo:

a) DISPONER la suspensión de todos plazos procesales y de los cursos de perención hasta el 20.04.20 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos que se dicten.-
b) NOTIFICAR por SNE o mediante la modalidad de notificación que el organismo venga utilizando, privilegiando las vías digitales -todo ello sin perjuicio de la suspensión de plazos-, el despacho diario que se provea, las sentencias que pudieron elaborarse durante el receso judicial extraordinario y las que se dictaren durante el período de marras, quedando el cómputo de plazos sujeto a la rehabilitación de los mismos.-
c) EXCLUIR de la medida dispuesta en el apartado precedente, a la tramitación de Amparos y Procedimientos Constitucionales, y los trámites urgentes que fueron definidos como tales en el Acuerdo Especial de declaración de receso sanitario y su prórroga, de fecha 15.03.20 y 30.03.20, respectivamente.-
d) APROBAR la propuesta de funcionamiento elevada por la Cámara de Casación Penal con las adecuaciones vertidas en los considerandos, en tanto se adecua íntegramente al Plan Operativo.-
e) APROBAR la propuesta elevada por el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos dependiente del Superior Tribunal de Justicia, en tanto se adecua al Plan Operativo.-
f) IMPLEMENTAR con carácter obligatorio para todos los fueros e instancias la orden de pago electrónica aprobada por Acuerdo General debiendo adoptarse en este período de transición todas las medidas necesarias para su plena operatividad a partir del día 21.04.20.-
g) DISPONER que durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria las actividades de la Oficina de Ceremonial que no admitan suspensión, se llevarán a cabo sin público, sujetas a la organización que proponga la Oficina de Ceremonial.-
h) APROBAR los siguientes anexos: ANEXO I “Plan Operativo”; ANEXO II “Medidas Sanitarias y Protocolo de Higiene”; y disponer la elaboración de un Protocolo o Capacitación para manejo de oficina judicial mediante el uso de herramientas tecnológicas, el que estará a cargo de la Dirección de Gestión Humana.-
i) INSTRUIR a la Oficina de Informática Jurídica dependiente de este Superior Tribunal de Justicia que deberá llevar adelante todas las medidas y desarrollos que garanticen el uso de herramientas tecnológicas y teletrabajo, mediante la implementación de turnos rotativos con su personal, así como el desarrollo de la capacitación necesaria.-
j) INSTRUIR a la Oficina de Compras a que dé prioridad a la adquisición de insumos destinados a bioseguridad, así como a todos los requerimientos que plantee el Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicio Judicial para la adecuación de los espacios.-
k) PRORROGAR la suspensión de capacitaciones presenciales y concursos. En tal sentido, dispuso notificar, publicar en la Página Web y en el Boletín Oficial-

SECRETARIA STJ, 09 de abril de 2020.-

Descargar los adjuntos que figuran al pie.

El presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio participó esta mañana de una reunión convocada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell en la que se analizaron distintas posibilidades para readecuar el funcionamiento del servicio de justicia a partir del 13 de abril.

Desde el Colegio de Abogados se acercaron todas las propuestas consensuadas junto con las distintas secciones de la provincia, algunas con consenso absoluto y otras con acuerdos parciales. Se pueden resumir en los siguientes ejes:

• Retorno paulatino a la actividad profesional.

– Suspensión de plazos procesales para abogados y continuidad laboral para los jueces. 

– Establecer un protocolo de actuación ante esta situación de emergencia .

– Turnos rotativos de personal para evitar confluencia de profesionales y personas a tribunales. 

– Presentación de escritos en formato digital con las excepciones que se expresaron.

La reunión

Del encuentro participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell, la vocal Susana Medina, el vocal Miguel Giorgio, el Procurador General Jorge García, el Defensor General Maximiliano Benítez, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche,  la titular de Asociación de la Magistratura y la Función Judicial Gabriela López Arango, el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos Alejandro Canavesio, el titular de la Asociación de Empleados Judiciales Mario Brnusak, además de funcionarios y médicos del poder judicial.

En la oportunidad se acordaron pautas de trabajo que permitan la continuidad de funcionamiento de justicia como hasta la fecha, las que serán analizadas en reunión de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia a partir de los anuncios que realizará el presidente de la Nación Alberto Fernández.

Asimismo se coincidió en priorizar la salud de los trabajadores y de las personas que concurran a los Tribunales.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos viene realizando distintas gestiones ante la Emergencia Sanitaria que rige en todo el país, a fines de que se garantice el servicio de justicia, protegiendo la salud de la población, pero sin olvidar la fuente laboral de los matriculados que representa.

Las autoridades del Colegio aseguraron que realizaron una serie de aportes ante el Superior Tribunal de Justicia a fines de introducir reformas en el funcionamiento judicial en el contexto de emergencia que vivimos Los aportes de los abogados tuvieron que ver con el funcionamiento a mediano plazo de la Mediación Previa Obligatoria y distintas cuestiones de procesos en los fueros de Familia, Civil, Comercial, Laboral y Penal. Desde el CAER, habían solicitado la semana pasada que se implementen la presentación electrónica de escritos,  teleconferencias, home office y otras medidas que eviten desplazamientos y reuniones físicas.

Si bien la decisión sobre estos temas recae obviamente en las máximas autoridades de la justicia entrerriana, los abogados advirtieron que las reformas en pos de digitalizar distintos procesos se deben realizar de manera “gradual” y con la capacitación correspondiente, tal como sucedió con la Notificación Electrónica y la Oralidad.

“Entendemos la complicada situación, la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema judicial y tomar los recaudos sanitarios necesarios, pero ciertas cuestiones que se estudian reformar necesitan de alguna legislación específica de emergencia”, aseguraron desde la entidad.

Asimismo remarcaron que uno de los problemas más graves se da con la pasividad del Nuevo Bersa, el agente financiero de la provincia, que no cumple con las órdenes judiciales, lo que afecta la asignación de recursos a los justiciables en causas laborales o de familia.

La semana pasada el CAER reclamó ante el gobierno provincial por la agilización de cheques judiciales, transferencias y continuidad. Para esto solicitó una reunión “urgente” con las autoridades provinciales y la dirección de la entidad bancaria.

Por último, resaltaron la importancia de garantizar a la Tutela Judicial continua y efectiva, tal como lo marca la Constitución, y las medidas sanitarias en todos los Tribunales de la provincia a fines de garantizar la salud de toda la sociedad.