Se realizó ayer la Asamblea Ordinaria del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en el Anexo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Conforme el orden del día establecido en la convocatoria, se eligieron autoridades las cuales fueron elegidas por el voto de las y los colegas, atento a que existían dos opciones. En la propuesta que obtuvo la mayoría de los votos se propuso una Comisión Directiva y se trazó un esquema de trabajo del instituto.

“Como una de mis últimas acciones al frente de esta gestión, me retiro con el orgullo de dejar todos los institutos del Colegio en funcionamiento”, aseguró Alejandro Canavesio.

Las Autoridades Comisión Directiva del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos serán:
Dirección: Dr. A. Gonzalo García Garro (Paraná)
Vice direcciones: Dra. Mariana Simarro (Paraná) y Dr. Carlos María Scelzi (Concepción del Uruguay).
Secretaría General: Dr. Lautaro Schiavoni (Nogoyá)
Prosecretaría General: Dra. Vanesa Selencig (Paraná)
Tesorería: Dra. Marina Soledad Hundt (Paraná)
Coordinación General: Dr. Pablo Tanger (Paraná)
Coordinación de Comisiones e Interior: Dra. María Constanza Larroude (Paraná)
Coordinación de Actividades Académicas: Dr. Mariano Latini (La Paz)
Coordinación de Relaciones Institucionales: Dr. Ramiro Pereira (Paraná)
Vocalías: Dr. Martín Britos (Gualeguaychú), Dra. Flavia Martínez Aquino (Paraná), Dr. Eduardo Prina (Paraná).
Vocales suplentes: Dr. Gabriel Oscar Hermes Mendoza (Feliciano), Dra. Jesica Iglesias, Dr. Ricardo Bordato (Paraná), Virginia Alonso (Paraná), Juan Pablo Cinto (Nogoyá).
Además, se conformaron comisiones especiales de Trabajo con sus coordinaciones responsables, algunas de ellas son: Comisión de Derecho Electoral y Político: Dr. Santiago Halle; Comisión de Organismos Constitucionales y de Control: Dr. Pablo Testa; Comisión de Derecho Municipal: Dr. Roberto Cosundino (Gualeguay); Comisión de Amparo y Garantías Constitucionales: Dra. Analía Coria; 5) Comisión de normativa del Estado y Políticas Públicas: Dr. Nicolás Parera Deniz; Comisión de Derecho Constitucional: Dr. Antonino Belotti, entre otras.

Ayer jueves comenzó la actividad, que este año lleva el lema “Derecho del Trabajo Democracia y Progresividad de los Derechos Sociales”. Dieron por inaugurado el congreso, el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, el presidente del Instituto de Derecho del Trabajo del CAER, César Bechetti y Mariano Velazco, presidente de la Sección Gualeguay del CAER.

Los primeros paneles fueron el de Actualidad jurisprudencial del Derecho del Trabajo en la provincia de Entre Ríos, con Carolina Goñe, Fabián Ronconi y Guillermo Federik como disertantes y la Conferencia “Discriminación y Trabajo. Interrelación de los factores de vulnerabilidad”, a cargo de la vocal del STJ, Laura Mariana Soage.

A su vez, se le realizó un emotivo reconocimiento al ex presidente de la Sección Gualeguay del Colegio de la Abogacía, Gastón Justet, quien falleció el año pasado. Recibieron el presente, los familiares del homenajeado.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechaza el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que busca reformar el Código Civil y Comercial de la Nación para permitir tramitar divorcios en sede administrativa.
El proyecto presentado en agosto por la diputada Eugenia Alianiello (Frente de Todos – Chubut), en el expediente 3287-D-2023, intenta modificar varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, para permitir un trámite administrativo de disolución del matrimonio.
El texto en cuestión presenta tan sólo cinco artículos, y no sólo afecta la incumbencia profesional de abogados y abogadas, sino que también supone una renuncia a los derechos de los particulares para la aprobación del trámite, sin asesoría letrada.
Si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado.

El CAER manifiesta su total rechazo, tal como realizó con el proyecto de “sucesiones administrativas” y se solicitará a todos los legisladores entrerrianos que no acompañen esta iniciativa que atenta contra los derechos de la ciudadanía en su conjunto.

El Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología solicitó formalmente ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y ante la representante del CAER en el Consejo de la Magistratura, que se posponga los exámenes escritos para cargos en la Fiscalía Anticorrupción, debido a la cercanía de la fecha y el escaso tiempo con el que cuentan los profesionales para analizar los casos propuestos.

Los doctores Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, junto con la doctora Corina Beisel, del Instituto de Derecho Penal explicaron los fundamentos del pedido ante el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y Andrea Saxer, consejera en el Consejo de la Magistratura en representación de la abogacía.

El pedido es por los concursos 285, 286, 287 y 288 convocados por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, cuya prueba de oposición escrita se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año y fueron notificados recién el viernes 18 de agosto, por lo que solicitan se posponga la prueba escrita por lo menos 10 días.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Instituto de Derecho Penal, reivindican el ejercicio de profesión y el rol esencial de la defensa en la administración de justicia, con el convencimiento de que quienes litigan en el fuero local lo hacen con absoluta dedicación y responsabilidad.

Reflejo de ello es el abogado Boris Cohen, quien en la Prueba de Oposición escrita en el concurso nº 232 para cargos de Fiscales Auxiliares de Paraná, convocado por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha obtenido el máximo puntaje (50/50). Dicha evaluación estuvo a cargo de los honorables y prestigiosos doctores Leandro Corti (Académicos), Dardo Tortul (Magistrados) y Rubén Pagliotto (Abogacía).

El tema se abordó en una reunión de la que participaron el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, el presidente del Instituto de Derecho Penal, Miguel Cullen, el doctor Boris Cohen y los integrantes del instituto, José Velázquez y Andrés Bacigalupo.

Desde el Instituto afirmaron que “Desgraciadamente, los egos y el ejercicio de un poder desbocado ha generado por parte de algunos operadores judiciales una injustificada serie de operaciones mediáticas tendientes a poner en duda las capacidades jurídicas de quién sacó el máximo puntaje posible. Un abogado que para capacitarse debe dejar de trabajar, que no cuenta con la posibilidad de obtener licencias o días pagos para estudiar antes del examen, sacó el máximo puntaje posible y algunos no lo pueden aceptar. Por esto han pretendido instalar a través de ridículas interpretaciones, la idea que los jurados ocasionales fallaron espuriamente para favorecer a quien sacó el máximo puntaje”.
“Descartamos cualquier sospecha de parcialidad o favoritismo hacia algunos de los concursantes por parte de los jurados técnicos. El Instituto de Derecho Penal acompaña la ingrata lucha del colega Boris Cohen y de los colegas Jurados que han sido víctimas de diversas operaciones y exigimos que se les trate con la dignidad que merecen y el cumplimiento pleno de la ley”.
“Es hora que la judicatura toda empiece a sanear el enorme desprestigio que trae consigo, y no nos cabe duda que nombrar definitivamente a Boris Cohen en el cargo que honrosamente logró, contribuye a hacer una justicia mejor”.