El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, los consejeros Carmen Yañez y José Ruiz se reunieron junto con las autoridades de la Sección Chajarí del CAER, con el Centro de Actividades Económicas de esa ciudad. Se abordaron distintas problemáticas de cuestiones laborales.

“Fue un encuentro muy positivo donde cada parte pudo expresar su visión sobre la problemática de la conflictividad laboral en la ciudad. Gracias al diálogo, logramos acordar cuestiones en común, rechazar toda manifestación violenta y enmarcar el desarrollo profesional de la abogacía en las normas profesionales y de ética que regulan el trabajo de los matriculados”, aseguró Canavesio.

Además el presidente del CAER remarcó que, “se acordó continuar con diálogo abierto y atentos a que existan situaciones irregulares. Por lo que muestran las estadísticas, de 400 causas iniciadas sólo hubo sentencia en 5 o 6, lo que no es una cifra muy diferente a otras jurisdicciones. Hay conflictividad laboral, producto de la compleja situación económica, pero no en una cantidad exagerada”.

Los planteos de las instituciones empresarias refieren a que algunos colegas del Foro, a su entender, contribuyen a que los empleados de los distintos sectores efectúen reclamos en los cuales se falsean datos de las relaciones laborales en antigüedad, modo de prestación y cantidad horaria, lo cual hace peligrar la actividad productiva y comercial de la zona.

En defensa de nuestro ejercicio profesional se explicó que los abogados/as trabajamos con los hechos y pruebas que nos aportan nuestros clientes y que tenemos expresamente prohibido por las normas legales y reglamentarias incurrir en acciones contrarias a la probidad y lealtad, garantizando la veracidad y la buena fe. Tenemos prohibido aconsejar o realizar actos fraudulentos.

Se expuso también que la informalidad laboral acarrea sanciones legales (multas) que agravan considerablemente las indemnizaciones y que el abogado en defensa de los intereses de su representado no puede dejar de reclamar. Por otro lado, se dejó en claro que los arreglos celebrados tanto en sede judicial como administrativa son una alternativa legal y válida en la composición de los intereses de las partes y ello no debe generar ninguna suspicacia ni desconfianza. Asimismo, se explicó que nuestros honorarios profesionales se encuentran estrictamente tarifados en la Ley de Aranceles, con lo cual no se admiten malos entendidos sobre el tema.

Por la Sección Chajarí del CAER participaron del encuentro su presidente Juan Sánchez Peralta y la secretaria Virginia Borghesan. Por la entidad empresaria lo hicieron Roberto Romero (presidente), Patricio Barbieri, Flavia Kuxhaus (comercio), Enrique Dalpra (aserraderos), Marcelo Stivanello (construcción), William Borgo (citricultores).

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos lamenta profundamente que la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia no revoque las medidas tomadas unilateralmente sobre notificaciones selectivas aun cuando en expusimos sobrados argumentos sobre su errónea implementación.  No obstante, por imperio de los principios constitucionales, republicanos y democráticos, creemos que debe primar el diálogo y el consenso. 

Además, considera poco oportuno malinterpretar la postura del Colegio, que representa a toda la matrícula, y pretender responsabilizar al CAER por una decisión que afecta el servicio de justicia, a los justiciables y profesionales.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechaza la iniciativa legislativa que impulsa el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) sobre Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) que saca del ámbito de la Justicia a sucesiones no controvertidas, socava derechos de las personas garantizados por la Constitución Nacional. Además, el CAER notificará a todos los legisladores nacionales entrerrianos sobre su posición en este tema y la defensa de las incumbencias profesionales.

En los últimos días, los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA), Alejandro Oscar Finocchiaro Juntos por el Cambio – Prov. Buenos Aires), Aníbal Tortoriello (PRO – Río Negro), Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) y las diputadas nacionales María Luján Rey (Propuesta Republicana – Prov. Buenos Aires), Paula Omodeo (CREO – Tucumán) y Sabrina Ajmechet (Juntos por el Cambio – CABA) presentaron un proyecto de ley para que las sucesiones no controvertidas (clasificación no jurídica) se hagan sin intervención del Poder Judicial, en sede administrativa, de manera presencial o digital.

El proyecto intenta posicionarse ante la problemática de la mora judicial y la falta de estructura de personal y recursos económicos como una solución eficiente y no controversial, dejando en el camino el respeto a derechos y garantías esenciales de un Estado de Derecho.

La “administrativización” del proceso sucesorio, y de cualquier otro proceso, resulta contrario a la especialización de los fueros que es requerida en la actualidad para lograr una una decisión justa y viola las incumbencias profesionales de la abogacía.

El procedimiento sucesorio extrajudicial está vedado por los artículos 1, 18, 75,inc. 12 y concordantes de la Constitución Nacional y atenta claramente con disposiciones del Código Civil y Comercial (arts. 2336 a 2344, 2345 a 2362, 2363/2384,subsiguientes y concordantes).

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos comunica su profunda preocupación respecto de un tema que afecta la seguridad jurídica, uno de los cimientos sobre los cuales se edifica el ejercicio profesional y la debida defensa de los derechos de los ciudadanos.

Debemos reconocer que, en plena pandemia cuando en otras provincias los colegas estaban impedidos de ejercer la profesión por falta de respuesta tecnológica ante el aislamiento, nuestro Sistema de Gestión de Expedientes, originalmente Lex Doctor y hoy Sirirí, nos dio las herramientas necesarias para superar esa situación. Conocemos sus bondades y hemos contribuido a forjarlas porque somos colaboradores y parte esencial del servicio de justicia. También conocemos la dedicación con la que se ha trabajado, lo que ha dejado su impronta en el expediente electrónico.

Pero, la forma carente de claridad en que se ha visto implementado el Acuerdo General S.T.J. N° 33/22 del 04/10/22, Punto 6° c) en lo referido a “notificaciones selectivas” en vez de ser la mejora proclamada significa un lamentable retroceso y perjuicio al ejercicio profesional, ya que ahora sólo se notifican algunas resoluciones, sin seguir un criterio uniforme.

La notificación selectiva resulta contraria a la propia base original del sistema, el Acuerdo General S.T.J. N° 15/18 que, en su artículo 1°, al establecer los tipos de Resoluciones que serán notificadas por el Sistema de Notificaciones Electrónica, dispone que será todo tipo de resoluciones, autos y sentencias que se dicten en el transcurso del proceso, no haciendo diferencia alguna y mencionando cuáles son las excepciones a dicha forma de notificación en forma expresa.

Desde el Colegio de la Abogacía hemos peticionado en diversas oportunidades al Superior Tribunal, con la última respuesta que no habrá marcha atrás. Hemos decidido hacer pública nuestra preocupación pues la inseguridad que padecemos tiene un destinatario final que son nuestros clientes, ante quienes somos responsables. La situación planteada es grotesca, la tecnología en vez de ser usada a favor para seguir facilitando nuestras tareas, ahora mediante la notificación selectiva no sólo implica un salto atrás sino que además deja nuestra responsabilidad expuesta.

La solución es simple: debería contemplarse respecto de los abogados y las abogadas la notificación electrónica de todo acto emanado del Organismo judicial conciliando así el ejercicio del derecho de defensa, el debido proceso y nuestra responsabilidad profesional. 

Somos conscientes del rol que cumplimos y queremos ejercerlo con innovación tecnológica, pero con seguridad jurídica. 

Sólo pedimos que se continúe teniendo en cuenta nuestro trabajo como ocurría antes de la notificación selectiva. Sin abogados que representen a los ciudadanos y ciudadanas no hay justicia. Estamos convencidos que respetando el ejercicio de la abogacía, aportamos a la construcción de justicia.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudia las agresiones verbales y físicas recibidas por el colega Gustavo Velzi, durante el ejercicio de su profesión. 

Como ya hemos marcado en otras oportunidades es preocupante que se agreda a abogados o abogadas por el simple ejercicio de su profesión. La abogacía es una parte esencial en el servicio de justicia, para la que existen garantías constitucionales que igualan la protección de los matriculados con la de un juez.

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento con el doctor Gustavo Velzi y reiteramos el más enérgico repudio a las agresiones recibidas.