Ley 11.141 Por la que se modifican artículos de la Ley Nº 7.046 – Aranceles de Abogados y Procuradores de Entre Ríos

En nuevo aniversario de la reforma de la Ley de Honorarios, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reafirma su compromiso permanente con la defensa de uno de los logros institucionales más trascendentales para el ejercicio profesional de la abogacía entrerriana.

En el marco de los 70 años del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, esta fecha adquiere un valor especialmente significativo, porque representa una muestra concreta del trabajo histórico de la institución en defensa de la dignidad profesional, la independencia de la abogacía y el fortalecimiento del servicio de justicia en toda la provincia.

La sanción de la Ley N.º 11.141, modificatoria de la Ley N.º 7.046, fue el resultado de un largo proceso de trabajo colectivo impulsado por este Colegio junto a matriculados y matriculadas de toda la provincia, con el objetivo de consolidar una normativa moderna, justa y acorde a la realidad del ejercicio profesional.

La reforma significó avances fundamentales para la protección del trabajo profesional y la dignidad de la abogacía. Entre sus principales aspectos, se destacan:

  • La creación de la unidad arancelaria “JURISTA”, separada del JUS previsional de Caja Forense, permitiendo establecer un parámetro autónomo y específico para la regulación de honorarios profesionales.
  • La actualización de las escalas arancelarias, elevándose los máximos previstos en el artículo 30 de la ley, incrementándose particularmente el primer tramo del litigio y estableciéndose en Cámara un mínimo equivalente al 50% de los honorarios regulados en primera instancia.
  • La ratificación del carácter de orden público de los honorarios profesionales y su inembargabilidad cuando no superen el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil, reafirmando el carácter alimentario de la retribución profesional.
  • El establecimiento de que los honorarios devengan intereses desde el momento en que la regulación adquiere firmeza.
  • La determinación de que los honorarios deben abonarse en pesos equivalentes a la cantidad de JURISTAS al valor vigente al momento del pago, incorporándose además un interés compensatorio destinado a resguardar adecuadamente el valor del trabajo profesional frente al paso del tiempo y los procesos inflacionarios.
  • La aplicación inmediata de la reforma a todos los procesos en trámite en los cuales no existiera regulación firme, garantizando así una efectiva vigencia de los nuevos principios incorporados a la normativa.

Este aniversario constituye también una oportunidad para reafirmar que la defensa de la Ley de Honorarios no concluyó con su sanción, sino que requiere un trabajo institucional permanente orientado a garantizar su correcta aplicación en todos los ámbitos judiciales de la provincia. Ello involucra no solo a esta institución, sino también al Poder Judicial de Entre Ríos, en tanto no solo es el responsable de la regulación de los honorarios profesionales, sino también que debe hacer cumplir lo que el pueblo, a través del poder legislativo, decidió como ley.

En ese marco, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos sostiene una tarea activa de seguimiento, análisis y defensa de la normativa arancelaria, especialmente a través del Observatorio de Honorarios, impulsando acciones institucionales, realizando presentaciones y acompañando criterios jurisprudenciales que aseguren regulaciones justas y acordes al valor del trabajo profesional, muchas de ellas promovidas a partir de planteos y denuncias efectuadas por colegas de toda la provincia.

A 70 años de la creación de nuestra institución, reafirmamos que cada avance en defensa del ejercicio profesional forma parte de la historia colectiva de la abogacía entrerriana y del compromiso permanente del Colegio con quienes ejercen diariamente la profesión en cada rincón de Entre Ríos.

La defensa de los honorarios profesionales es, en definitiva, la defensa de una abogacía libre, digna e independiente.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reafirma hoy, una vez más, su compromiso institucional con la plena vigencia y efectiva aplicación de la Ley de Honorarios, entendiendo que se trata de una herramienta esencial para el fortalecimiento del ejercicio profesional y del servicio de justicia en toda la provincia.