El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), doctor Eduardo Massot estuvo en Paraná y apoyó la decisión del Colegio de Abogados de Entre Ríos de declararse en estado de alerta. El doctor Massot participó, este viernes por la mañana, de un encuentro con el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y el prosecretario de la F.A.C.A., Enrique Martínez.
“Nos hicimos eco con la situación de los colegas entrerrianos. Esto afecta la dignidad de todos los colegas y el derecho de tener una retribución justa, por el ejercicio profesional como cualquier trabajador autónomo, algo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, aseguró Massot a medios locales. 
“Muy preocupados, por que esta Acordada, en vez de acordar, lo que hace es legislar y modificar una ley que afecta el ejercicio profesional. Se deja de lado todo lo que un abogado hace previamente para llegar a una sentencia justa”, continuó.
“Los jueces no están para modificar leyes a través de una Acordada. Eso estamos apoyando desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.). Se ha desmerecido el trabajo profesional de los abogados de Entre Ríos”, agregó Massot en el programa Aire de Todos, de LT14.
En relación a los pasos a seguir, el presidente de F.A.C.A aseguró que “estamos dispuestos a reunirnos con los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Apostamos al diálogo, pero los que no han dialogado son los jueces”. 
“Las vías de acción pueden ser judiciales autónomas o evaluar si cada uno de los abogados trata esta Acordad de inconstitucional. Los abogados somos trabajadores, y esto afecta nuestra dignidad como trabajadores. Los honorarios mínimos, tienen carácter alimentario”, añadió.
Para finalizar, aseguró que “desde la mesa directiva de la FACA estudiaremos el tema y haremos un dictamen correspondiente para acompañar al Colegio de Abogados de Entre Ríos. No es sólo una cuestión cuantitativo, o numérico, sino que hay una afectación de derechos. La perforación del mínimo de 50 juristas, en mi opinión, es una medida ilegal y anticonstitucional”.