Ante algunas críticas públicas sobre el ejercicio profesional de la abogacía, el CAER reitera y expresa enfáticamente que toda actividad de asesoramiento y presentaciones judiciales debe ser remunerada como corresponde en cada caso y según lo entienda el juez de la causa al momento de la sentencia.
Esto, no genera ninguna incompatibilidad con el nombramiento en cargos públicos y de asesorías legales a nivel municipal, provincial o nacional en los ámbitos del Estado.