En un diagnóstico realizado en toda la provincia por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, se detallan los problemas generados a partir de los Acordadas del Superior Tribunal de Justicia que regulan el funcionamiento de los procesos en esta etapa de pandemia.
Este trabajo surge de la Mesa de Diálogo convocada por el CAER con todos los actores involucrados en el servicio de justicia. Allí las partes se comprometieron a colaborar con este relevamiento.
Los problemas que surgieron del abordaje se dividen en las instancias de las audiencias, atención en Mesa de Entradas y Notificaciones. En cada una de ellas se repasa los inconvenientes en los juzgados civiles y comerciales, laborales, de familia, de paz y en las unidades fiscales.
En cuanto a la notificaciones se marca la diferencia entre aquellas áreas que cuenta con Oficina de Notificaciones con aquellas que no.
El texto concluye que “el servicio de Justicia se limita sólo a la presentación de Escritos electrónicos, dictado de resoluciones, las que debido fundamentalmente al paro judicial se han retrasado al igual que la realización de audiencias virtuales en determinados procesos, mientras que las presenciales prácticamente no se han realizado sumado a que la atención en las mesas de entradas es prácticamente inexistente”.
Y remarca que “es evidente que la prestación del servicio de justicia se encuentra resentido generando incertidumbre e insatisfacción en la ciudadanía toda y detrimento patrimonial en los y las profesionales de la abogacía entrerriana”.
Por todo esto desde el Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía se reitera “el pedido de no prorrogar el Acta Acuerdo Especial de Fecha 21-05-2021 y sus prórrogas”.