El presidente del Colegio de la Abogacía, Alejandro Canavesio, participó de la reunión de Legislación General en la que se trató la ley de creación del Sistema de Información Legislativa de Entre Ríos (SILER). Desde la comisión, se solicitó formalmente la opinión institucional del CAER.

 

Se trató hoy  el expediente 24791 /HCD) por el cual se crea dentro del Poder Ejecutivo Provincial el sistema de información legislativa de Entre Ríos (SILER), por iniciativa de la diputada Mariana Farfán, con la presencia del Colegio de la Abogacía.

 

El objeto de la ley es crear dentro de la órbita del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos el “SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA DE ENTRE RÍOS” (“SILER”), cuya

finalidad es hacer efectivo el conocimiento de toda la normativa de carácter general emitida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos, cuya publicación oficial sea requisito esencial para su vigencia.

 

El SILER proporcionará de forma pública, permanente, ordenada y actualizada, el acceso virtual y remoto a través de la página web oficial del PE de al menos:

  1. a) Toda la normativa de carácter general emitida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos, cuya publicación oficial sea requisito esencial para su vigencia;
  2. b) Toda la normativa en su texto original y en su texto actualizado, debiendo indicarse

expresamente esta característica en el sistema;

  1. c) Un anexo de derecho histórico, que contenga las disposiciones derogadas;
  2. d) La posibilidad de impresión en línea y de la descarga de la normativa.

 

Las normas se agruparán por categorías, índices, voces o tesauros, que permitan una rápida y fácil búsqueda.

 

Entre los fundamentos del proyecto, se destaca que en la actualidad el Estado Provincial no cuenta con un sistema unificado que permita el fácil acceso a toda la normativa provincial, ni la posibilidad de conocer exclusivamente su texto actualizado y vigente.

Que, la gran cantidad de leyes (casi once mil), decretos del Poder Ejecutivo, acordadas del Poder Judicial, que existen en el ámbito provincial, hace que sea imposible su conocimiento si no es a través de un sistema que facilite su acceso.

Que, las normas legales deben ser conocidas por sus destinatarios y destinatarias para poder lograr su cumplimiento, y para ejercer, además, los mecanismos de control o de impugnación de los actos de gobierno.