La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramente a María Victoria Giménez para integrar el Jurado de Enjuiciamiento como miembro titular para el bienio 2024/2025 en representación del Colegio de la Abogacía de la provincia.

Este lunes se llevó a cabo el acto de juramento de María Victoria Giménez como miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Colegio de la Abogacía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 en la ley 9.283. El mismo estuvo encabezado por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el secretario de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero.

Al respecto, la miembro del Jurado de Enjuiciamiento, María Victoria Giménez, valoró la ceremonia y expresó que: “Es muy importante, no solo para mí a nivel personal, sino para la justicia, la libertad, la democracia, y para toda la libertad de formas”.

El Instituto de Derecho del Trabajo del CAER rechaza la reciente decisión tomada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de fijar de manera oficiosa audiencias médicas presenciales en la ciudad de Paraná, citando a trabajadores que deben sustanciar los trámites administrativos en la Comisión Médica N°34 de Concordia.

La decisión adoptada conlleva dificultades para los trabajadores damnificados en el acceso a las prestaciones del sistema de riesgo de trabajo y acceso a la justicia, dificultades en el ejercicio profesional de los abogados y abogadas que ejercen en la zona de influencia de la Comisión Médica de Concordia (Concordia, Federación, Federal y San Salvador).

Implica además el incumplimiento de la normativa y principios que regulan la materia poniendo claro obstáculo en el derecho a la reparación de las contingencias y tramitación de expedientes

El Instituto de Derecho del Trabajo  manifiesta su rechazo absoluto y SOLICITA a la SRT cumplimente el trámite de designación del médico especialista en la Comisión Médica N°34 de Concordia. 

Informamos a los colegas afectados que hemos iniciado con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos medidas de acciones positivas para requerir el cese de esta situación.

Los Colegios de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe (1° Circunscripción), Entre Ríos y Corrientes expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de representación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las eventuales designaciones que realizaría el Poder Ejecutivo Nacional.

La inclusión de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática y es conteste con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de igualdad de género.

Es fundamental que las instituciones reflejen la diversidad de la sociedad a la que sirven. La falta de representación de las mujeres en la Corte Suprema no solo es una cuestión de justicia social, sino también una limitación para el pleno desarrollo de nuestro sistema judicial.

Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes a que tomen medidas inmediatas para promover la incorporación de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación velando por el cumplimiento del Decreto N° 222/03, exhortando a que se designe en ese espacio a una abogada litigante matriculada en nuestro país, en el convencimiento de que contamos con colegas que con su práctica jurídica y formación pueden aportar a ese distinguido lugar conocimientos, perspectivas y valores necesarios.

La institución envió una Carta Documento a las autoridades de la institución para solicitar mayor celeridad en la entrega de turnos a profesionales, ante reiteradas quejas de la abogacía sobre el funcionamiento de la UDAI I Paraná.

En la Carta Documento se manifiesta que “la situación descripta afecta a la ciudadanía, en especial al colectivo de los más desprotegidos -nuestros adultos mayores- que ven cercenado su derecho a peticionar ante las autoridades”

Además remarca que “ante la pérdida de los turnos otorgados, se vulnera el derecho a trabajar de nuestros matriculados/as que ejercen la abogacía previsional, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. 

Al finalizar, se insta a las autoridades a brindar una respuesta a este pedido y se notifica que de no prosperar, se podrán iniciar las acciones legales correspondientes.

Ante la consulta realizada por el gobernador Rogelio Frigerio, el Colegio de la Abogacía respondió formalmente por la posibilidad de sugerir un listado de nombres para ocupar la vacante en el Superior Tribunal de Justicia. El CAER decidió solicitar que sea un matriculado o matriculada quien ocupe ese lugar, definió características del perfil adecuado y no consideró oportuno enviar un listado con nombres.

En la nota enviada hoy al gobernador de la provincia, se le comunica que tras la reunión del Consejo Directivo, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos ha “resuelto en pleno, presentarle un perfil en lugar de una lista de colegas. De presentar una lista, sin ninguna duda se cometerán arbitrariedades, ya que faltarán nombres de representantes de la abogacía independiente con idoneidad para ese prestigioso cargo”.

“Esta institución tiene la plena convicción respecto que la misma debe ser cubierta por un profesional del derecho probo, ético etc., y con la suficiente experiencia en la materia, a fin de lograr cumplir con excelencia la honorífica función que se le encomienda. […] Creemos férreamente que deben ser considerados no solamente los aspectos académicos, sino también y principalmente el ejercicio ético, responsable, y activo de la profesión, lo cual no se suple con antecedentes académicos sino con una nutrida práctica profesional que permita el aporte y la mirada de la abogacía en ese órgano”, continúa la nota.

Además de agradecer el muy buen diálogo con el gobierno provincial, desde el CAER destacaron que “además de histórico, aportaría mucho integrar la Sala Civil y Comercial con alguien del espacio de la abogacía independiente, ya que en los últimos años sólo se ha tenido en cuenta a magistrados, funcionarios o colegas con activa participación política partidaria”.

Por último, el Colegio se ofreció para ejercer el rol de veedor de los seleccionados, de ser necesario, ya que cuenta con información del Tribunal de Ética sobre la matrícula.