Tras la presentación de pedidos formales y distintas gestiones realizadas por la conducción provincial del CAER, el Superior Tribunal de Justicia decidió autorizar el ingreso a los edificios del Poder Judicial a las y los profesionales de la abogacía a partir del 15 de octubre.

En la Acordada publicada en el día de hoy también se solicita en la medida de lo posible se otorgue preeminencia a las audiencias presenciales antes que las virtuales. 

En el texto, asegura que según “Actuaciones Nº 2648/2021 caratuladas “Presidente Colegio de la Abogacía de E. Ríos Dr. Alejandro D. Canavesio s/Libre concurrencia de Profesionales al Edificio de Tribunales. Paraná”, en trámite ante la Dirección de Gestión Humana, dispuso establecer el siguiente esquema de pautas de funcionamiento del Poder Judicial, a partir del 15.10.21: 

a) Autorizar el libre ingreso de los profesionales de la abogacía y de los demás operadores judiciales a los edificios del Poder Judicial; así como a los organismos a recurrir a la atención presencial espontánea. En consecuencia, el control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, para lo cual se afectará a una persona en la puerta de acceso de cada edificio, quien se encargará de medir la temperatura y de la sanitización de manos; 

b) Disponer que en la medida en que las audiencias puedan celebrarse de manera presencial, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes, tal modalidad deberá tener preeminencia sobre la virtual;

c) Mantener vigente el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones, el que será optativo para cada organismo; 

d) Encomendar a la Superintendencia de cada jurisdicción y a la Mayordomía, que arbitre las medidas necesarias a fin de respetar el distanciamiento –dos metros- y el volumen de circulación, conforme la capacidad de cada edificio, así como el control del cumplimiento del uso de barbijo.

Anoche asumió la nueva comisión directiva del CAER, encabezada por Alejandro Canavesio y María Marta Simón. Con autoridades provinciales presentes, en su discurso de asunción, Canavesio hizo un llamado a la unidad de la matrícula luego de superada la instancia electoral.

En un acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, asumió formalmente el nuevo Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos para el período 2021-2023. El encuentro contó con la presencia de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano, la secretaria de Justicia de la provincia Adriana Pérez, el diputado Esteban Vitor, el presidente del Consejo de la Magistratura Mariano Churruarín, ex presidentes del CAER  y representantes de distintas entidades civiles.

La nueva conducción estará presidida por Canavesio, María Marta Simón y Eduardo Paredes serán los vicepresidentes, Gabriela Ceballos (Secretaria), Carlos Pacher (Prosecretario), María Carolina Harrington (Tesorera) y Mario Carballo (Protesorero).

 Como vocales titulares entraron en funciones: Rosa Warlet, Daniel Galizzi, Carmen Yañez, Enzo Cabrera, Blanca Acosta, Leandro Clapier, María Inés Ríos, José Ruiz, María Susana Benítez, Miguel Ángel Martínez, Patricia Uhrig, Héctor Moreno, Valeria Rodríguez y Juan Martín Barnada.

En el discurso de asunción a su segundo mandato, el presidente del CAER, aseguró que 

“volver a unirnos será mi bandera de gestión. Debemos dejar de lado lista y colores, intereses personales y fortalecer la institución con ideas, iniciativas y proyectos”.

Además, resaltó que “Existe un antes y un después de la crisis pandémica, donde se ha desarrollado una modalidad de trabajo totalmente distinta. La incorporación de herramientas informáticas a los procesos al amparo de la Ley provincial N° 10.500, permitió que en la fase dura de la pandemia se consolidaran las presentaciones electrónicas”.

En el pasaje que repasó su gestión, destacó la sanción de la Ley de Licencias, Ley de la Abogacía, la Acción de Inconstitucionalidad por la reducción de Honorarios decidida en una Acordada del STJ. También marcó que “en pleno confinamiento, escuchamos a la abogacía e impulsamos un diálogo inteligente, marcando nuestras diferencias y logrando que el abogado de a pie pudiera volver a la actividad de manera segura”.

Para finalizar, aseguró que el Colegio seguirá siendo actor central entre el equilibrio de los distintos poderes del Estado, que se reclamarán por los institutos aun no vigentes de la Constitución Provincial del 2008 y que se debe seguir trabajando por recuperar la confianza en el sistema de justicia.