Atentados de esta naturaleza NO CONSTITUYEN UN DELITO COMÚN ya que revisten enorme gravedad al efectuarse contra personas y su integridad física, pero con la particularidad además de atacar directamente el ejercicio de una profesión y sus incumbencias.

Sin importar la naturaleza del caso que se trate ni sus resultados, la asistencia y asesoramiento de la ciudadanía en la defensa de sus derechos posee rango Constitucional y contemplado por los Tratados internacionales sobre derechos humanos ante lo cual, hechos de esta naturaleza llevan ínsito un ataque de tal magnitud, y en tal sentido y alcance deben ser dimensionados por la sociedad y las autoridades en su conjunto, ya que ningún hecho debe ni puede interponerse ante el ejercicio de un derecho humano fundamental como es el de la defensa.

Es un deber irrenunciable de las autoridades públicas provinciales prevenir esta clase de conductas y castigar los casos en que ellas derivan en delitos que bien pudieron costarle la vida a un letrado y/o su cliente. No pudiendo soslayarse que los hechos ocurrieron en el marco del domicilio de un Estudio Jurídico y en horario de ejercicio de la actividad profesional.

Por tal razón, exhortamos a las autoridades competentes, Policía de Entre Ríos y Ministerio Público Fiscal, a extremar medios y profundizar la investigación sin dilaciones, para brindar la debida seguridad y a los fines de que estos hechos no resultaren impunes.
Aquellos que crean que el miedo nos ha de paralizar silenciándonos, deben saber que, una vez más en nuestra historia, los abogados daremos el ejemplo de coraje cívico siguiendo con nuestro trabajo profesional, con el Derecho como instrumento de la razón, de la paz social y de la libertad y en defensa de las garantías y los derechos establecidos por la Constitución Nacional.

Asimismo hacemos llegar por este medio nuestra expresa solidaridad a los letrados afectados y a sus familias, como así también a las clientes que sufrieron tan difícil momento y les deseamos una pronta recuperación.-